El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Vigo desestima el recurso de la Universidad de Vigo y le concede dos meses para que anule de forma "inmediata" ocho cátedras de I+D en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en noviembre de 2008. El auto fue emitido el lunes y establece una multa diaria de 500 euros por cada semana de demora en la ejecución.

El magistrado Luis-Ángel Fernández señala además que "no se hacía preciso esperar" a esta resolución para llevar a cabo la anulación de las cátedras tal y como ya le instó el mismo juzgado en un auto anterior emitido en mayo de 2009.

En el escrito, contra el que cabe recurso de apelación, el titular del Contencioso-Administrativo señala que "no se alcanza a comprender en qué extremo se le presenta dificultad" a la Universidad de Vigo para cumplir "aquello a que viene obligada".

Tal y como se señala en este último auto, la sentencia de 2008 del TSXG instando a la Universidad a ejecutar la nulidad de las cátedras ratificó una anterior dictada desde el mismo juzgado vigués en enero de 2003. También se indica que los efectos de invalidar las cátedras no se extenderían a los actos en que los ocho catedráticos hayan podido intervenir.

Las ocho cátedras de I+D en cuestión fueron concedidas en 2001 durante el mandato de Domingo Docampo y la universidad viguesa lleva más de siete años recurriendo ante los tribunales las sucesivas sentencias que declaran ilegal el concurso de dichas plazas y que ordenan su anulación.

El proceso en los juzgados fue iniciado en abril de 2002 por dos profesores de la Escuela de Telecomunicaciones, David Santos y José Luis Rodríguez, tras agotar los cauces internos de la Universidad y, a pesar de la sentencia que les dio la razón en 2003, Docampo decidió seguir con el concurso e incluso llegó a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar vulnerada la autonomía universitaria.

Alberto Gago, que "heredó" el problema en 2006 tras suceder a Domingo Docampo en el Rectorado, siempre destacó que las sentencias recogían fallos de forma en la convocatoria, ya que careció de tribunal externo, pero sin poner en cuestión los méritos de los ocho catedráticos afectados, que han continuado ejerciendo como tal desde su nombramiento.

El Consello de Goberno aprobó en octubre de 2009 la anulación del concurso de las ocho plazas de I+D, pero ha seguido demorando su anulación mediante la presentación de recursos en los juzgados.

Antes de las últimas elecciones al Rectorado de 2010, el portavoz de la oposición y candidato, Jaime Cabeza, reclamaba durante un debate público con su rival y hoy rector, Salustiano Mato, una "salida pactada".

Mato, que pertenece al mismo grupo que Gago y Docampo, se mostraba entonces partidario de la negociación aunque evitaba hacer más declaraciones para "no deslegitimar" a quien dirigía la Universidad en ese momento. Desde que él asumió las riendas de la institución, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

Uno de los ocho catedráticos afectados es el actual vicerrector Henrique Costas, mientras que los otros siete profesores pertenecen a a los departamentos de Teoría de la Señal, Fisiología Vegetal, Ecología, Ingeniería Química, Química Analítica, Matemática Aplicada y Microbiología.