La Xunta reclama el alquiler a 35 inquilinos de los bloques de Navia que llevan meses sin pagar

J. PASTORIZA La Xunta tiene problemas para cobrar varias decenas de mensualidades de alquiler y comunidad en sus viviendas del polígono residencial de Navia. Treinta y cinco inquilinos acumulan deudas que van desde los 253 hasta los 1.300 euros por impago de cuotas, y el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), el ente público que administra los pisos de propiedad autonómica, ha remitido avisos a los deudores ante el aumento de recibos pendientes transcurridos varios meses sin que se abonen. En las cartas les recuerda la cantidad sin satisfacer y requiere el pago. En última instancia los inquilinos corren riesgo de desahucio, aunque portavoces de la Consellería de Territorio señalan que el IGVS dará "facilidades" y abordará todas las vías posibles antes de tomar medidas drásticas cuando se acrediten serias dificultades para hacer frente al alquiler. "Somos flexibles y analizamos todas las circunstancias. Con los que no pueden llegamos a acuerdos de fraccionamiento o se pasa el pago a meses posteriores, porque en ningún caso queremos llegar a situaciones extremos", apuntan.
Los bloques de Navia, en los números 15 y 17 de Teixugueiras, la calle que vertebra el polígono, empezaron a habitarse en noviembre de 2010, con dos años de retraso respecto al calendario inicial. Están ocupados 343 de los 381 pisos –los 38 restantes deben cederse al Concello, que también prevé ofertarlos–, la mitad adjudicados en régimen de compra y la otra en alquiler, que cobra el IGVS como propietario. La demora en la entrega ya produjo los primeros problemas para decenas de compradores, que solicitaron pasar a arrendamiento por las dificultades para que los bancos les firmasen las hipotecas. Catorce meses después se manifiestan nuevos inconvenientes a pesar de que las mensualidades, tanto en compra como en alquiler, son mucho más ventajosas que las de mercado por destinarse a personas con rentas bajas. Los pisos en arrendamiento se destinaron a quienes tienen menos ingresos, inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Las cuotas para los inquilinos no superan los 120 euros por mes.
La deuda actual al IGVS asciende, según explican portavoces de la Xunta, a 20.163 euros, y el Instituto ha remitido una primera ronda de cartas a los 35 inquilinos que no hacen frente a la obligación. No todos sufren apuros que les impidan pagar. La Xunta ha constatado que algunos podrían hacerlo y existe omisión del deber.
"Hay un procedimiento reglado y tenemos la obligación de recordar la deuda cuando se va acumulando y requerir el pago. Estudiaremos si el inquilino no lo hace porque no puede o porque no quiere. Son viviendas sociales con contratos para personas con rentas bajas y lógicamente se producen problemas. Con quienes tienen ingresos pero no pagan seremos más contundentes, aunque intentamos que no se llegue a situaciones extremas", exponen desde la consellería.
Antes de tomar una medida de desahucio el Instituto Galego examinará los datos de ingresos de las familias y se mantendrán conversaciones con los afectados para llegar a soluciones. Fuentes vecinales confirman que la Xunta da facilidades y algunos inquilinos "van capeando como pueden". Existe la posibilidad de fraccionar el pago si se constata la imposibilidad de liquidar la deuda de una tacada.
No solo los inquilinos tienen problemas. La crisis afecta también a los propietarios con hipotecas firmadas y residentes consultados tienen constancia de que se han entregado requerimientos de pago bajo advertencia de desahucio por parte de los bancos. Fuentes judiciales apuntan que no detectan un pico de notificaciones en Navia, por lo que se trata de envíos notariales de las entidades financieras previas a acudir al Juzgado para solicitar la ejecución hipotecaria.
IBI "desorbitado"
Por otra parte, los propietarios se quejan de que el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al que deben hacer frente son "desorbitados", según explica una de las residentes, a pesar de que se les ha concedido una bonificación del 50% durante cinco años. El asunto ya ha saltado a los foros de la página web de la urbanización. "Nos ha llegado un recibo de 170 euros, con lo que en cinco años serán 380. Es más de lo que pagan en el centro y éstas son viviendas sociales", se queja la citada vecina. Los residentes solicitarán una reunión con el alcalde para abordar el asunto.