El puente de la Constitución marcará la entrada en vigor del telepeaje en otras tres autovías lusas. El Gobierno de Portugal ha decidido grabar a partir del ocho de diciembre la circulación por la A-22 (que atraviesa Algarve y conecta con Andalucía), la A-23 (en el Alentejo), la A-24 (que enlaza con Verín) y la A-25 (próxima a Salamanca). De este modo cualquier conductor que quiera viajar al Algarve a través de la Vía do Infante (A-22) o circular desde Verín a Vila Real, Viseu o Aveiro usando las autovías lusas tendrá que pagar las nuevas tasas de Portugal.

A la polémica de la ampliación del peaje se suma la del modo de cobro. Para circular por las antiguas Scut (autovías gratuitas) los usuarios deberán recurrir al sistema de pago electrónico que se viene aplicando en las autovías del Norte desde octubre de 2010. El mecanismo –que carece de cabinas o máquinas automáticas en las vías– obliga a emplear un chip de telepeaje que implica un alto desembolso y complicaciones para adquirirlo. Así, por ejemplo, un usuario que quiera alquilar el dispositivo puede pagar hasta 77 euros por un servicio que caducará en 90 días.

Consciente de la oposición que despierta ese sistema a ambos lados del Miño el Gobierno luso estableció una "discriminación positiva" para las poblaciones y empresarios locales. Así mismo aconseja a los conductores extranjeros que vayan a circular por el país menos de cinco días que compren por Internet o en oficinas de correos lusas y estaciones de servicio bonos prepago de 10 a 20 euros. Para estancias de tres a cuatro semanas aconseja alquilar un dispositivo recargable por 27 euros y, a los usuarios habituales, su compra por ese mismo precio.

La ampliación del peaje electrónico forma parte de las medidas de austeridad adoptadas por Portugal para sortear su grave crisis económica. Para ello el Ejecutivo hizo valer en octubre su mayoría absoluta en el Parlamento y sacó adelante la medida. La razón, según Portugal, responde a los 30.000 millones de euros a los que podría ascender la deuda de la compañía estatal Carreteras de Portugal en 2030 si no suprimiese las Scut.

Tras anunciar sus intenciones el Gobierno luso empresarios de España y Portugal han mostrado su oposición frontal a la medida. Según informaba ayer la prensa portuguesa la plataforma "Empresarios pela Subsistencia do Interior" (ESI) estudia llevar al Estadoluso a los tribunales para exigirle una indemnización por los prejuicios que les ocasiona la introducción de los nuevos peajes.

La Federación Española de Transportistas (Fenadismer) tacha de "inaceptable" la decisión de Portugal y alerta de lo "perjudicados" que se verán los consumidores tras la implantación de las nuevas tasas. "El Gobierno luso está aplicando una región transfronteriza una medida unilateral, que es la imposición de impuestos, que afecta a ambos lados de la frontera", denunció el secretario general de la Federación, Juan Antonio Millán. Por todo ello Fenadismer anunció ayer que elevará una queja ante la Unión Europea y el Gobierno de Portugal.