El principio de acuerdo entre el Concello y la Xunta para tratar de desbloquear la Cidade da Xustiza decepciona a los abogados vigueses y genera incertidumbre y dudas entre los procuradores. El decano de los primeros, Alfonso Álvarez Gándara, considera "absolutamente decepcionante" el resultado de la reunión entre los técnicos de ambas partes, que a su juicio supone un "claro retroceso" al reducirse sensiblemente el tamaño en planta del edificio judicial. Manuel Castells, el decano de los procuradores, apunta que "habrá que ver cómo se reestructura", pero exige "que esto no se convierta en un parche, porque no puede quedar un espacio ridículo sino tener capacidad para acoger los servicios que permitan una actividad de los funcionarios de forma cómoda".
El Concello hará una nueva tasación sobre una manzana de 10.500 metros cuadrados, muy inferior a la de la planta que ocupaba el proyecto de Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera, lo que reduce el precio de la expropiación y evita modificar el Plan Xeral. La Xunta sostiene que mantendrá el proyecto de ambos arquitectos haciendo ajustes, si bien se desconocen las características finales y por tanto en qué medida respetará el espacio inicialmente previsto. Por otra parte, está por resolver la cuestión de fondo que separa a ambas administraciones ya que, aunque el Concello aceptó hacer otra tasación, sigue negándose a costear los terrenos.
El decano del Colegio de Abogados se muestra muy crítico con los primeros acuerdos pese al acercamiento entre ambas partes. "No conocemos el dato de las nuevas características, pero aunque tuviese el doble de altura seguiría sin cubrir las necesidades", expuso Álvarez Gándara, quien responsabiliza por igual a las dos administraciones. De un lado reprueba que el gobierno local "no se apreste a facilitar la resolución del problema del suelo, porque limitarse a comprometer una tasación no arregla nada". Por otra parte, en este caso en clara alusión a la Xunta, opina que un reajuste del proyecto "es lo que cabe esperar de políticos que tiran el dinero en el Monte Gaiás".
Aparte de que sigue sin haber acuerdo, el decano de los abogados vigueses apunta que "se hace una mala inversión de los fondos públicos" y menciona la cita del Quijote para indicar que no queda otra opción que que resignarse. "Paciencia y barajar",
Dudas sobre los ajustes
El decano del Colegio de Procuradores, aunque menos contundente que Álvarez Gándara, tampoco se muestra satisfecho ante la modificación de las características de un proyecto paralizado desde que se presentó en 2007. Por un lado Castells cree "positivo" que hubiese una reunión, pero manifiesta dudas sobre cómo pasará a ser la Cidade da Xustiza tras las modificaciones. "Da la impresión de que es algo para salir del ca, justificando avances después de una demora de años", sospecha, para apuntar que habrá que estudiar cómo queda el complejo tras los cambios. "Quizás construyan ocho plantas, no lo sabemos. Todo depende de cómo lo vayan a reestructurar, pero de entrada da la impresión de que se trata de un parche. Los ciudadanos quieren servicios de primera división y sabemos que estamos en momentos económicos difíciles, pero debe ser un edificio dotado con los servicios necesarios para que la gente pueda trabajar de forma cómoda", explica.
La Xunta asegura que el reajuste no afectará sustancialmente a la superficie del complejo y que el diseño de Irisarri y Piñera se acomoda a la parcela. Otras fuentes consultadas indican que el proyecto, ahora con un bloque longitudinal que iría conectado al primer edificio judicial y al de la Audiencia, rebasa ampliamente la parcela pero puede adaptarse a la manzana de 10.000 m2 aumentando las alturas. No obstante, no acaba aclararse si puede conservarse el espacio previsto inicialmente. Los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo trabajan por ahora en la nueva tasación para determinar cuánto costaría el suelo. La Xunta se encarga de los ajustes sobre el proyecto.
