La primera reunión entre la gerente de Urbanismo de Vigo y técnicos de la Consellería de Presidencia para desbloquear la Ciudad de la Justicia concluye con un principio de acuerdo. La Xunta avanza ya en la redacción de un nuevo diseño que reduce de 20.000 a 8.000 metros cuadrados el terreno que será necesario expropiar en la calle Lalín y garantiza su ajuste al Plan Xeral sin necesidad de realizar modificaciones. La propuesta sobre la que se trabajó en la reunión celebrada en la sede de la Xunta en Areal reduce la superficie ocupada y las viviendas afectadas, por lo que el Concello realizará una nueva tasación del suelo que presentará la próxima semana y que reducirá notablemente los costes de adquisición de los terrenos que había presupuestado en 21 millones.
El Gobierno gallego sostiene que se realizarán "ajustes partiendo del proyecto básico seleccionado mediante concurso en 2007 y heredado del bipartito", pero analizados los cambios que se proponen sobre los mapas del PXOM se advierte con claridad que la nueva propuesta arquitectónica tendrá notables diferencias con respecto al diseño de Irisarri y Piñera puesto que se reduce casi a un tercio la longitud del inmueble, que podría ganar capacidad en altura para acoger los 20 juzgados y la clínica forense que se pretende habilitar en el nuevo edificio.
En la reunión de ayer, de estricto carácter técnico, no se profundizó en el número de plantas que tendrá el complejo ni los técnicos autonómicos concretaron si estará o no conectado con los dos edificios actuales como estaba previsto para ganar funcionalidad. Lo que se acordó es que la Xunta redactará una propuesta conforme al Plan Xeral –evitando el vial que parte el ámbito de Chouzo en dos– por lo que no será necesario tramitar la obra como proyecto de interés supramunicipal ni tampoco modificar el planeamiento vigués para ejecutarla.
Esto supone un salto cualitativo tras el bloqueo en el que llevaba sumida esta infraestructura desde hace meses. El gobierno local mantenía que el diseño del año 2007 era inviable por incumplir la normativa urbanística, además de negarse a abonar los 21 millones en que fueron tasadas las expropiaciones cuando la Xunta solo aportaría 15 millones para la construcción del edificio. Como contrapartida, la Consellería de Presidencia se negaba hasta ahora a revisar su proyecto constructivo y a tramitar la actuación a través de un plan supramunicipal.
Menor coste
La Concejalía de Urbanismo inició en 2010 un expediente de expropiación que afectaba al ámbito completo de Chouzo con 34.095 metros cuadrados. De ellos, 20.440 figuraban en el PXOM como "sistema general Ciudad de la Justicia" repartidos en dos parcelas identificadas como Manzana 8 y Manzana 7. El cambio que se produce ahora es que la Xunta reduce la superficie ocupada y está dispuesta a ceñir el nuevo edificio judicial a una única parcela de las dos que integran el ámbito, la denominada M7 que dispone de 10.552 m2 de terreno de los que 4.590 se reservan para zonas verdes.
Esta distribución podría sufrir algún ajuste porque ayer la delegada de la Xunta, Lucía Molares, aseguró que "la superficie necesaria para la Ciudad de la Justicia son 8.000 m2", un poco por encima de lo previsto por el planeamiento en la parcela seleccionada. Este ajuste sobre plano además de desbloquear el proyecto desde el punto de vista urbanístico permitirá un importante ahorro en las expropiaciones porque se ocupará la mitad del suelo y de unas 22 fincas con vivienda afectadas se pasa a solo ocho.
El gobierno local y la Xunta se reunirán en las próximas semanas para conocer los detalles del nuevo proyecto autonómico, pero en lo que todavía no hay acuerdo es en el modelo de financiación. Presidencia tiene consignados 15 millones de euros para construir el edificio y exige al Concello "que ceda los terrenos de inmediato para poder empezar el proyecto", urgió ayer Molares, satisfecha con que "el Concello reconozca su error y que el ámbito a expropiar es mucho más reducido".
Poco después la concejala de Urbanismo adelantaba que en cuanto tenga la nueva tasación realizará una propuesta económica para adquirir el suelo "siempre con coste cero para Vigo", pues mantiene su negativa a pagar el terreno de una infraestructura que atenderá a Vigo y los municipios del entorno. Carmela Silva se "congratuló" hasta en dos ocasiones de que la Xunta "rectifique".
