La judicatura viguesa clama desde hace años por la Cidade da Xustiza, pero desde que se presentó en 2007 el proyecto se han producido más enfrentamientos entre las administraciones que avances. El 4 de julio de aquel año el exconselleiro Xosé Lois Méndez Romeu (PSOE) y el alcalde Abel Caballero, comparecieron junto a los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera para presentar el proyecto ganador del concurso. Pese a que el bipartito gobernó en la Xunta hasta marzo de 2009 y a que el exresponsable autonómico fijó 2010 como fecha de inauguración, no se dieron nuevos pasos desde aquel acto, y las perspectivas aún empeoraron con el cambio de color político en San Caetano. De la falta de resultados se pasó a la colisión absoluta entre Caballero y Rueda. El pago de los terrenos ha sido el caballo de batalla, hasta el punto de que, tras haberse iniciado la expropiación en Pontevedra, Vigo es la única ciudad en la que no hay aún suelo para el complejo judicial.

Ni lo hay ni parece cercano el acuerdo. Si cabe, está más lejos que nunca, ya que la última tasación del Concello dispara su precio a 21 millones. Según el gobierno local, hacerse con las parcelas sin edificar costará 10,4 millones, aquellas en las que hay viviendas suman la misma cantidad, y hay una farmacia afectada tasada en 270.000 euros. Quedan, además, dos negocios por evaluar. En el ámbito residen 60 familias.

La cantidad cuadriplica la estimación que hizo el Concello hace un año y medio, de en torno a cinco millones. Caballero llegó a comunicar formalmente a Rueda que pagaría el suelo y se reunió con magistrados, abogados y procuradores en abril de 2010 para comunicarles que el Ayuntamiento lo expropiaría. Sin embargo nunca se consignó presupuesto ni los vecinos recibieron notificación oficial alguna.

Con la nueva tasación el Concello pagaría más que la Xunta. Desembolsar 21 millones pondría en serios aprietos a las arcas municipales, y la edil de Urbanismo esgrime que la dotación es para Vigo y su área, por lo que rechaza que el gasto recaiga sobre la ciudad exclusivamente. El gobierno local exige a la Xunta que colabore, y Presidencia reclama reiteradamente los terrenos, siguiendo el modelo que se aplica en todas las cabeceras judiciales, para poner en marcha el proceso y construir una dotación para la que mantiene la consignación de 15 millones.

Las diferencias económicas no son tampoco el único obstáculo. El proyecto, según el Concello, no encaja en el Plan Xeral. O habría que modificar el diseño de la Cidade da Xustiza; o cambiar el planeamiento urbanístico; o aprobar un plan supramunicipal, figura que se aplicó para agilizar el nuevo hospital. El alcalde aboga por esta opción y esgrime un acuerdo plenario de principios de 2009 a iniciativa del PP en el que se reclamaba a la Xunta que inicie esta tramitación. Entonces gobernaba el bipartito en Santiago. Sea como fuere, con el proceso que hay por delante el complejo no estaría terminado antes de 2015, cinco años después de la fecha fijada inicialmente. De momento, el próximo traslado del Registro Civil a dos inmuebles del barrio histórico –cuya adquisición financió el Consorcio Casco Vello, participado en un 90% por la Xunta y un 10% el Concello–, supondrá un balón de oxígeno a corto plazo. El espacio liberado permite habilitar dos o tres juzgados más, según fuentes judiciales.