La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin) mantiene que es innecesario un informe positivo de la Dirección Xeral de Patrimonio para que el Concello autorice el derribo de las edificaciones del Barrio do Cura, donde Valery Karpin proyecta una urbanización con 320 viviendas, zonas comerciales, hotel, centro de negocios y nuevos espacios públicos. El presidente de la patronal del sector, Javier Garrido, urge al Concello a desbloquear la operación en un periodo que, según su estimación, no tendría por qué rebasar los treinta días. Argumenta que el departamento autonómico ya evaluó en dos ocasiones el ámbito, una durante la tramitación del Plan Especial del Casco Vello y otra previa a la aprobación del Plan Xeral. Ninguno de estos documentos establece protección para las edificaciones que se pretenden demoler. "El Ayuntamiento no tenía que pedir informe a Patrimonio, lo hizo a final del mandato pasado como técnica dilatoria. Ahora debe ponerse las pilas y buscar una vía legal, con un dictamen jurídico que lo avale, porque cuenta con capacidad para dar licencia", sostiene Garrido.

Los promotores ven en la recuperación del Barrio do Cura una actuación prioritaria al representar "la mayor rehabilitación en un casco histórico en Galicia", pero también opinan que supone "el perfecto ejemplo práctico de cómo se eternizan los trámites urbanísticos". El proyecto de Karpin arrancó en 2003 y desde entonces avanza a cuentagotas, a tal grado que aún no se ha movido una piedra. Con la salvedad de un periodo de quince meses paralizado por falta de financiación, trance resuelto en 2009 tras un acuerdo con dos entidades bancarias, la lentitud administrativa ha sido el principal problema. Hace un año el promotor presentó el proyecto de demolición en la Gerencia de Urbanismo, el 27 de abril el Concello lo envió a Patrimonio para que emitiese informe, y la dirección xeral pide ahora un Plan Especial antes de la autorización al considerar la zona incluida en el PEPRI del Casco Vello, que tiene "protección" urbanística.

"La situación actual es el resultado de una incapacidad del Concello de liderar la tramitación de esa zona esencial para la ciudad, y de la pesadez de la legislación", expone Garrido, para quien la solicitud a Patrimonio de este informe previo a la licencia de derribo supone "la guinda de unos trámites mal hechos". La Gerencia de Urbanismo emitió informe favorable al proyecto al no constatar ningún inconveniente en el derribo, pero decidió, en base a un informe jurídico, enviar a la Xunta el documento antes de dar licencia. "La Administración autonómica ya se manifestó con anterioridad. Técnicamente el Concello puede solventar este problema en un mes", apostilla el presidente de Aproin.