El Plan de Sostenibilidad Financiera que ha lanzado la Universidad de Vigo pasa en parte por la exención de impuestos municipales, principalmente el IBI. El Rectorado ha solicitado al Ayuntamiento quedar liberado de pagar la contribución, la tasa de Construcciones (ICIO) y otros tributos menores que suman casi un millón de euros al año. La institución ya ha presentado peticiones específicas de anulación de recibos de 2010 y mantiene conversaciones con el gobierno local para lograr un acuerdo global. Fundamenta su demanda en la Ley de Universidades, que establece ventajas fiscales "a favor de los organismos públicos de investigación y de enseñanza", según reza la disposición adicional cuarta introducida en 2007. La misma medida se negocia con los concellos de Pontevedra y Ourense para los inmuebles de los campus en sendas ciudades.
La Universidad tributa en Vigo por sus edificios urbanos –centro de Estudios Empresariales y de Ingeniería Técnica Industrial– y por el campus de As Lagoas. En este último caso se dieron de alta en 2009 todas las construcciones que aún no estaban inscritas en el padrón del IBI. Su valor catastral es de 61,7 millones, lo que originó una factura por estas instalaciones de 466.807 euros para el ejercicio de 2010. La institución pidió la cancelación de este recibo en particular y aplicar la exención a todos sus inmuebles, demandando además la devolución de las cuotas desde 2006. Planteó también hacer extensiva la medida al ICIO y el Impuesto de Rodaje de su flota de vehículos. De este último ya está liberado. Apela, además de a la Ley de Universidades, a distintas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza y a consultas realizadas ante la Dirección Xeral de Tributos (DXT) que avalarían la exención.
El plan financiero 2011-2013 refleja literalmente: "La Universidad, como institución pública, puede ejercer el derecho a la exención de diferentes impuestos municipales en los concellos en los que tiene presencia física. Consideramos conveniente la aplicación de este derecho para reducir el gasto tributario". Fuentes de la entidad académica apuntan que las conversaciones "van bien encaminadas".
El informe de la Concejalía de Hacienda de Vigo a la petición cursada sobre los recibos de 2010 fue desfavorable y el asunto está pendiente de una resolución definitiva del Tribunal Económico-Administrativo del Concello. Aún así, pese a la, –según el dictamen de los técnicos municipales–, imposibilidad legal de la exención, sí cabría una rebaja de hasta el 95% del IBI. Para ello el Ayuntamiento tendría que modificar la normativa fiscal. La ley "deja en manos de los municipios la posibilidad de establecer la bonificación para los organismos de investigación y de enseñanza universitaria", resaltan.
El informe se refiere, por otra parte, a una sentencia del Tribunal Supremo sobre una reclamación similar de la Universidad de Valencia. "Está sujeta al IBI por los bienes de que sea titular catastral y estén situados en su término municipal", recoge el fallo, que desecharía, puntualizan los técnicos, la validez de aplicar la doctrina de las sentencias del TSXG a las que alude la Universidad viguesa para pedir la exención. Respecto a las consultas a la DXT, otro dictamen del Concello señala que las competencias sobre tributos municipales "son de los ayuntamientos".
