La Consellería de Presidencia está dispuesta a introducir cambios en su anteproyecto de ley de Área Metropolitana para evitar las duplicidades en el gasto. Ésta fue la principal exigencia planteada al Gobierno gallego por los ayuntamientos, los empresarios y los colectivos sociales durante el periodo de exposición pública del texto y ahora la Xunta se compromete a asumir parcialmente sus reivindicaciones en materia económica. El texto legal que se debatirá en el Parlamento antes de junio no detallará qué instituciones tendrán que delegar servicios al nuevo organismo, como era la pretensión de los municipios, aunque sí intentará blindar su funcionamiento obligando a que "cada competencia cedida por las instituciones vaya acompañada de financiación", señalan fuentes del Gobierno gallego.
La intención del departamento que dirige Alfonso Rueda es además explicitar por ley "que las administraciones que deleguen algún servicio no podrán dedicar líneas de gasto a esa misma competencia", tal y como reclamaban, entre otros, el Concello de Vigo y el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero en sus alegaciones.
La Xunta pretende con estos cambios despejar dudas y aclarar que el Área Metropolitana se va a financiar "con los recursos transferidos por las administraciones que deleguen competencias, garantizando así que no se incrementará el gasto público" ni se aplicarán nuevas tasas sobre los contribuyentes. Para cumplir con esta exigencia, el gobierno metropolitano dispondrá de un presupuesto integrado por las cuotas per capita que aportarán sus 14 ayuntamientos y los fondos que le entreguen las demás administraciones para ejercer las responsabilidades delegadas, al margen de aportaciones externas o fondos europeos que logre captar.
El texto corregido con el que trabaja ya el Gobierno gallego se envió a la Secretaría de Igualdade, a la Dirección Xeral de Orzamentos y a la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa para emitir los informes sectoriales. Es un documento, según ha sabido FARO, más concreto que el primer borrador en materia de financiación, pero no aclara si la Diputación tendrá o no que ceder competencias y presupuesto. El Área asumirá ocho servicios prefijados –agua, basura, urbanismo, servicios sociales, cultura, medio ambiente, promoción económica y transportes– que delegarán los municipios y la Xunta, pero se deja en manos de la Diputación que decida si refuerza o no el nivel competencial del nuevo órgano.
