La CIG denuncia que la Universidad deberá afrontar un gasto de 775.000 euros en 2011 para indemnizar a los profesores que, hasta el 1 de enero de este año, se acogieron a un convenio de prejubilaciones por el que la institución abona desde los 60 a los 70 años la diferencia entre la pensión que les corresponde y el salario que cobraban en activo. El sindicato tilda esta cifra de “escandalosa” y “muy grave” dada la actual situación económica del país y sobre todo teniendo en cuenta que el número de beneficiarios es “a lo sumo” de veinte docentes.
El presidente de la junta de Personal de Administración y Servicios funcionario (PAS), Xoán Cebro, sostiene que a muchos de estos profesores ya les corresponde máxima cuantía de jubilación y que la Universidad, que además cuenta con planes de pensiones propios, les está abonando a mayores “entre dos mil y tres euros mensuales más 14 pagas”.
La CIG denuncia que estas prejubilaciones de catedráticos y profesores titulares no se justifican económicamente, dado que las plazas corresponden a carreras de “muchísima demanda” y que tampoco se amortizan, pues la Universidad lleva a cabo políticas de promoción para ocuparlas.
El sindicato tilda de “privilegio” que los docentes, quienes tienen la posibilidad de seguir dando clase hasta los setenta años, puedan acogerse a estas prejubilaciones sin estar incapacitados para continuar ejerciendo su labor y a cuenta de las arcas públicas. “La sociedad ya ha invertido mucho dinero en su formación, en sus estancias en el extranjero, en proyectos de investigación...”, critica Cebro.
La CIG cifra en 4,4 millones de euros la cantidad que deberá abonar la Universidad de Vigo hasta el año 2020 a los funcionarios prejubilados a uno de enero de 2011. El sindicato advierte que esta partida aumentará “exponencialmente” debido al envejecimiento de la plantilla y el “incentivo” que supone prejubilarse a los sesenta años con el sueldo íntegro.
La medida fue aprobada en un consello de goberno de 2005 durante el mandato de Domingo Docampo con el objetivo de rejuvenecer la plantilla a largo plazo. Según explica Xoán Cebro, la escasa lista de beneficiarios de los últimos años se engrosó durante 2010 ante la revolución docente que ha supuesto la implantación de Bolonia, pero los “privilegiados” siguen siendo un grupo reducido.
“El problema es que estas partidas ni siquiera aparecen en los presupuestos y que el número de beneficiarios tampoco es público porque se trata de resoluciones rectorales individuales. Pero en la Universidad de A Coruña este gasto sí se contempla en las cuentas y el acuerdo solo llega a los 65 años”, revela Xoán Cebro.
La CIG consiguió la cifra de gasto en prejubilaciones para 2011 tras solicitarla a la Gerencia y en el próximo consello de goberno pedirá por escrito el número exacto de solicitantes y la cuantía media que reciben de la Universidad.
Desgravaciones docentes
Desde el sindicato también muestran su disconformidad con la elevada cifra de profesores que no imparten docencia gracias a la normativa de desgravaciones que permite rebajar el horario, entre otros casos, por ejercer algún puestos de gestión. “Son más de cien personas los que no están dando ni una sola hora de clase. Es escandaloso”, critica Cebro.
Nova Universidade, el principal grupo opositor al rector, ya denunció esta situación en el consello de goberno de febrero y propuso un mínimo de treinta horas de docencia.
La nueva estructura de gobierno de Mato tampoco gusta a los representantes sindicales : “Las promesas de ahorro no existen. Cada día crece la lista de personas contratadas como eventuales y personal de confianza cuyos sueldos están fuera de control. Y es imposible vislumbrar cómo se ejecutan los presupuestos del año anterior”.
De cara a las negociaciones en las que las tres universidades y la Xunta están inmersas para diseñar el nuevo sistema de financiación, CIG ha elaborado un informe que rebela que el coste salarial del PAS funcionario de Vigo es el más bajo de Galicia y que las ratios de PAS/profesores y PAS/alumnos son desfavorables. ”Para igualar la media nuestra plantilla tendría que aumentar en 147 funcionarios. No vamos a exigir más plazas en época de crisis, pero estas cifras deben tenerse en cuenta cuando en esas reuniones se habla de contención del gasto”, apunta Cebro.
