"El juez puede nombrar a cualquiera como intérprete; la calidad no está garantizada"

- ¿Cuál es la situación actual de los servicios de traducción e interpretación en los juzgados de Vigo y del resto de Galicia?

- En los procesos penales los juzgados deben aportar un intérprete siempre que sea necesario. Como ocurre en el resto de España, debido al aumento de la población extranjera se vieron desbordados, sacaron el servicio a concurso y en Galicia se adjudicó a una empresa privada. ¿Cómo funciona? Tiene una base de datos de traductores e intérpretes, pero no exigen cualificación específica y pagan unas tarifas no adecuadas, por lo que no se garantiza que el servicio de interpretación sea de calidad. Las tarifas son tan bajas que los licenciados no están dispuestos a trabajar así, por lo que se recurre a personas sin formación concreta, que no se rigen por nuestro código deontológico y no hay garantías de que conozcan las técnicas. En este trabajo es vital ser imparcial y guardar confidencialidad: hubo por ejemplo denuncias en Barcelona contra intérpretes de juzgados que dieron chivatazos a personas que estaban siendo investigadas. Esto un profesional no lo hace.- ¿Cómo debe actuar un intérprete que asiste a un acusado?

- Hay que preparar muy bien cada encargo desde el punto de vista documental y de terminología, porque no es lo mismo asistir en un caso de tráfico de drogas que en un fraude fiscal. También hay que saber las técnicas de interpretación consecutiva o simultánea susurrada y el lenguaje gestual de cada cultura: los indios, por ejemplo, para decir que ‘sí’ no mueven la cabeza de arriba a abajo como nosotros, sino que lo hacen de hombro a hombro. Conocer esto para un juicio es vital.

- ¿Las diferencias culturales influyen mucho en la interpretación?

- Sí. Debemos conocerlas. No solo para justicia, sino también cuando se hacen servicios por ejemplo en el ámbito sanitario. Si un médico explica a un musulmán que debe seguir una dieta y está en el mes del Ramadán, el intérprete tiene que comunicar eso al facultativo para que ajuste la dieta. También me contaron casos de nigerianos que veían a un médico con una jeringuilla y salían corriendo. Pensaban que les querían sacar sangre para algún rito o traficar con ella, y nuestra función es la de decirle a estos pacientes que es para analizarla, no para comercializar con ella.

- Recientemente se aprobó la directiva europea 2010/64 sobre el derecho a interpretación y traducción en procesos penales, ¿cambiará el panorama actual?

- Es una directiva que los países miembros tienen un plazo de tres años para implementarla en su legislación, algo a lo que hay que estar vigilantes, y que marcará un antes y un después. El documento especifica que los intérpretes deben tener la debida cualificación y que la Administración implantará mecanismos de control sobre dichas traducciones e interpretaciones, algo que ahora no existe. Se hacen y nadie sabe si están bien o mal. Deberíamos actuar como países como el Reino Unido o EE UU, que tienen una bolsa de intérpretes cualificados: para acceder a ella deben hacer un examen y prácticas tuteladas.

- ¿Qué exige entonces en la actualidad la legislación española?

- La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el juez podrá nombrar a un intérprete y le faculta para nombrar a cualquier persona que acredite hablar la lengua. Ante esto, los magistrados pueden recurrir a cualquiera. Nuestra esperanza está en la nueva directiva.

- En el curso que se celebra en la Universidad de Vigo participó Pilar de Luna, juez de lo Penal de Madrid que denunció irregularidades en el servicio de traductores de esa comunidad, como personas que ni sabían el idioma.

- Desde la judicatura se están dando cuenta y algunos jueces alzan la voz. En la conferencia De Luna contó millones de anécdotas. Presentó la denuncia ante el Defensor del Pueblo o el Poder Judicial porque consideraba que se vulneraban los derechos a una asistencia lingüística de calidad.