"La medida es positiva porque mejora el control de los internamientos de ancianos con demencia". Carlos André Sa, director del Hogar Residencial La Perlica, resumía ayer la postura de los centros de la tercera edad de Vigo y su entorno sobre la decisión de la Fiscalía de que un juez tenga que ratificar los ingresos en geriátricos de mayores con demencia. Las residencias consideran que así se ofrecen mayores "garantías" al anciano, pero también temen que casos de "ingreso inmediato" puedan retrasarse por el proceso.

Aunque existe una vía de urgencia que fija un marco de 48 horas para concluir los trámites de ingreso, algunas residencias recelan de la falta de agilidad de la Administración. "Hay casos en los que el ingreso tiene que ser inmediato. Mientras eso no se decide, ¿dónde va a esar el anciano?", se preguntaba ayer Miguel Escudero, responsable de la residencia Alondra de Mos. De opinión similar es Elvira Rivada, presidenta de la Asociación de Mayores Ascem y directora de los centros de día Virgen del Rocío I y II, quien avisa de que "lo primero es dar atención al anciano y después notificar a la Fiscalía los problemas que se pudieran detectar".

Algunos centros, como la Residencia Geriátrica de Salvatierra, se adelantaron al Ministerio Público y empezaron a exigir la verificación de un juez en julio. "No estaba legislado de manera específica para las residencias, pero sí para el internamiento no voluntario en centros psiquiátricos -explica Lourdes Otero, responsable del geriátrico de Salvatierra- Nosotros entendimos que el caso de centros como el nuestro era extensible y decidimos pedir la ratificación judicial".

Ese mismo razonamiento es el que sigue el oficio de la Fiscalía, en el que se alude a la Ley de Dependencia y la de Servicios Sociales de Galicia. La similitud entre los ingresos no voluntarios en psiquiátricos y el de mayores con demencia en geriátricos se constata en el propio proceso. En ambos procesos el juzgado moviliza una comisión judicial formada por un juez, un secretario y un forense que se entrevistan con el anciano para determinar su internamiento. En este último caso es necesario además que la residencia aporte un informe médico que "acredite el deterioro de la capacidad cognitiva del usuario", un informe social y otro psicológico.

Ese adelanto a la norma le permitió a la Residencia Geriátrica Salvatierra constatar antes que nadie la oposición de los magistrados. "Al principio nos encontramos con problemas por parte del juzgado, ya que no estimaba resolver nuestras peticiones". Fue necesario un recurso ante la Audiencia Provincial para que el centro notase "más colaboración y celeridad". Desde entonces, en algo más de medio año, el centro solicitó ratificaciones judiciales en una veintena de casos.

"Hay que concienciar a las familias y explicarles que este trámite le ofrece seguridad al proceso", apunta Otero. La experiencia acumulada por su centro le ha permitido comprobar que muchos familiares se "muestran reticentes" a acudir al juzgado sin atender a las "garantías" que se obtienen con ello. "Buscamos salvaguardar el derecho del anciano, ya que de no ser así podríamos estar incurriendo en una detención ilegal", explica la responsable del geriátrico.

Otros centros, como la Residencia Albi-Beade, con 42 residentes, que recibieron la notificación de la Fiscalía en noviembre, se preparan para aplicarla convencidos de que "supone un paso en la protección de los derechos de los ancianos". Para ello, en función de su emplazamiento, contarán con los juzgados de Vigo (y O Valmiñor), Redondela, Ponteareas, Tui y O Porriño, los cinco departamentos judiciales que recibieron hace dos meses el oficio de la Sección de Discapacidad de la Fiscalía de Vigo.