El juicio que enfrenta a la Universidad y a un colectivo integrado por casi doscientos profesores que le reclaman el abono íntegro de sus pagas extra quedó ayer visto para sentencia en la Sala 1 del Contencioso. La suma exigida por los docentes asciende a los 2,4 millones de euros y corresponde a las cuantías no abonadas en las pagas extra de junio y diciembre de los años 2007, 2008 y 2009.
Los afectados, que ya habían emprendido acciones legales con anterioridad, decidieron seguir adelante con este proceso ante la falta de acuerdo con el rector Salustiano Mato, quien prometió en campaña electoral, aunque sin dar fechas, que pagaría las cantidades pendientes.
El origen del conflicto es el pacto nacional rubricado en 2006 por Gobierno central y sindicatos para incorporar a las pagas extraordinarias de los funcionarios un porcentaje correspondiente al complemento específico. El acuerdo contemplaba que el abono se realizaría de forma progresiva, en diferentes tramos, hasta alcanzar el 100% a finales de 2009.
La Universidad de Vigo alega que la deuda de 2007 ha prescrito y que no puede abonar las cantidades referentes a 2008 y 2009 porque el Estado no ha dictado resoluciones específicas con los porcentajes que corresponderían a los profesores. El letrado de la institución explicó en la sesión de ayer que su estatus no es equiparable al del conjunto de funcionarios y, por tanto, no se les puede aplicar el acuerdo en las mismas condiciones.
Los abogados de los docentes sostienen, sin embargo, que la Universidad dispone de normativa legal y capacidad económica suficiente para afrontar esta deuda y fundamentan su postura en un informe de la dirección general de Costes de Personal y Pensión Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y en un informe pericial. Ambos documentos ya están en manos del juez.
El informe de Costes aclara que no es el Gobierno el que debe realizar los ajustes en las nóminas, sino que la responsabilidad recae en las universidades o las comunidades autónomas.
La falta de resoluciones específicas ha sido esgrimida en juicios anteriores para rechazar las demandas de los profesores, aunque los jueces nunca han admitido que la deuda de 2007 haya prescrito.
"El Estado sí dictó resoluciones, pero sólo para el personal de la Uned, que es el único que depende directamente del ministerio, ya que las universidades son autónomas", aclara uno de los abogados de los docentes.
Durante el juicio, también dejó constancia que, ante la falta de resoluciones estatales en 2008 y 2009, la Universidad ya debería haber actuado por su cuenta.
La institución reconoce que debe una parte de las pagas de 2008 y 2009, aunque inferior a la reclamada, y se ha limitado a contemplar en sus presupuestos una cuantía destinada al pago de las cantidades adeudadas, pero que nunca se ha consumido.
Los representantes legales de los denunciantes aseguran que estas partidas serían suficientes para satisfacer los 2,4 millones exigidos, tal y como indica su informe pericial, pero la Universidad sostiene lo contrario, ya que, de actuar así, advierte que se superaría el 1% del incremento de masa salarial exigido por ley.
La demanda de los casi 200 profesores se interpuso hace un año, por lo que no se han incluido las pagas extra de 2010, que tampoco han percibido de forma íntegra. En la sesión de ayer estuvo presente el líder de la oposición, Jaime Cabeza, que figura en la lista de reclamantes.
De forma paralela a este proceso, el sindicato UGT también ha denunciado ante los juzgados el abono íntegro de las pagas extra y también está a la espera de sentencia.
