El portavoz de la oposición, José Manuel Figueroa, anunció ayer que su grupo solicitará toda la documentación del expediente de Aqualia e investigará "a fondo" la prórroga de su concesión hasta el año 2020. En los próximos días, el PP pondrá a los ediles Antonio Martiño e Ignacio López-Chaves "a trabajar en exclusiva en el asunto hasta conocer por qué el Concello propone ampliar el contrato más caro de toda Galicia".
Figueroa tildó ayer de "decisión escandalosa" que se prorrogue un acuerdo a cinco años de que expire el contrato vigente y, al contrario de lo que sostiene el gobierno local, aseguró que el cambio "sí supondrá una subida en los recibos".
El PP defiende que los nuevos contratos públicos deberían mejorar las condiciones del anterior y lamenta que en este caso concreto "no vaya a haber en 2015 un concurso donde todas las empresas interesadas puedan competir y mejorar la oferta actual. No son iguales las condiciones de un contrato del año 1991 que otro de 2015", advirtió Figueroa.
Tarifa injusta
"Los vigueses soportamos un injusto recibo del agua y además hay una sentencia al respecto de la que nada sabemos sobre su ejecución", alertó el portavoz municipal, que garantizó un "trabajo serio y riguroso" de su grupo hasta desentrañar lo que definió como una "decisión caprichosa y escandalosa" de Alcaldía.
En su intervención de ayer lo acompañaban Martiño y López-Chaves, quien denunció que en la ampliación del contrato de Aqualia "suena algo oscuro". Él fue el encargado de poner cifras a la preocupación de su grupo y subrayó que "si uno compara las tarifas por ciudades, en Vigo estamos muy desfavorecidos. El recibo de agua aquí es el más caro de Galicia", concluyó el edil del PP, que atribuyó esta circunstancia a que la ciudad soporta el mínimo de consumo más alto.
"El recibo de una familia media de tres miembros es en Vigo un 20% más caro que en A Coruña", denunció el popular, que criticó que los vigueses paguen un mínimo de 15m3 por mes, frente a los 7,5 de Pontevedra, los 10 de Ourense y Santiago y el hecho de que los vecinos de Lugo, A Coruña y Ferrol no sufran ninguno". López-Chaves concluyó ayer anunciando que examinará los datos "para ver quién se beneficia".