El gobierno local supedita la renovación de la concesión a Aqualia durante otros cinco años a que garantice 33 millones de euros para la expropiación de los terrenos de la nueva depuradora y la modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento. La prórroga compromete a la firma a desembolsar buena parte de los fondos ya durante 2011, cuando deberá ejecutar un plan de choque con diez millones de euros para reformar las tuberías en peor estado y con riesgo de roturas.

Desde el Concello defienden que ésta es la razón "fundamental" por la que se plantea extender el actual acuerdo, que vence el 31 de diciembre de 2015. Tras no llegar a tiempo toda la documentación para la junta de gobierno de hoy, fuentes municipales confían en aprobarla próxima semana la renovación de la concesión del agua hasta finales de 2020.

En suma, el bipartito busca con este cambio garantizar que la UTE Aqualia FCC destine durante los próximos diez años 41,8 millones de euros a un plan de actuaciones en el municipio, de los que 11,4 servirán para pagar el suelo de la nueva planta de Coruxo y 23,3 para mejorar el suministro. El grueso de las mejoras se ejecutará ya el próximo año y a partir de esa fecha y hasta el vencimiento del contrato se comprometen un millón y medio de euros anuales para subsanar cualquier deficiencia que surja en la red. Los otros 7,2 millones restantes permitirán corregir la desviación tarifaria detectada entre 2008 y 2010 y que soporta actualmente la empresa.

Los cálculos municipales cifras en 60 millones de euros la facturación de la gestora durante los cinco años por los que se amplía el contrato, suficientes, a su juicio, para compensar los 41,8 del plan de inversiones y los 18 de intereses por la financiación de todas las actuaciones.

El alcalde, Abel Caballero, se refirió ayer por primera vez a la propuesta municipal de prorrogar el acuerdo con Aqualia. No puso cifras al nuevo contrato, pero insistió en que la oposición tendrá que ofrecer explicaciones por dejar sin fondos la concesión municipal. "El PP debe contarnos por qué en el mandato anterior agotó en cuatro años los recursos que debían durar diez. ¿Dónde está ese dinero?", se preguntó el regidor, en alusión a la cuota anual que la concesionaria está obligada a destinar a mejoras en Vigo y que, según el bipartito, se agotó antes de su llegada, a ocho años de expirar el contrato en curso.

La concesión se aprobó el 25 de octubre de 1990 y, según ha sabido FARO, contemplaba 79,7 millones de euros –12.233.000.000 de pesetas– para realizar inversiones en sus 25 años de vigencia. Lo que ocurrió es que hasta la fecha figuran como "activados" proyectos por valor de 101 millones de euros, lo que supone una desviación de 19 millones que relentizó la modernización de la infraestructura de agua en la ciudad en los últimos años.