Diecinueve millones de euros, a pagar en diez anualidades, y una parcela con 1.200 metros cuadrados de edificabilidad. Ésta es la oferta, según confirmaron varias fuentes próximas a las negociaciones, con la que el Concello espera llegar a un acuerdo para comprar La Panificadora a las sociedades Promociones Montelouro e Invoga. El gobierno local mantiene desde hace meses conversaciones con las dos partes, enfrentadas por litigios sobre la propiedad, y estuvo a punto de cerrar la operación hace diez días tras conseguir sucesivas rebajas desde un precio que llegaba a duplicar esa cantidad. La firma se truncó a última hora por razones sobre las que las partes ofrecen versiones distintas, y el alcalde decidió llevar a la Gerencia de Urbanismo el pasado jueves la suspensión de licencias, lo que bloquea el desarrollo del proyecto residencial y terciario incluido en el Plan Especial del Casco Vello. Las conversaciones están interrumpidas, y en última instancia, según fuentes municipales, el Ayuntamiento está dispuesto a llegar a la expropiación, ya que su pretensión es conservar La Panificadora e instalar allí la Biblioteca Pública del Estado.

Para poder hacer frente al pago, el Concello plantea una fórmula que le permitiría aportar cada anualidad mediante la venta y permuta de suelo municipal en otros ámbitos. El solar en el que se asienta la antigua fábrica de la Compañía Viguesa de Panificación –cerrada en 1981 y abandonada desde entonces– se clasificaría como Sistema General de Dotaciones, figura urbanística que permite disponer de parcelas de titularidad pública y subastarlas. Con las cantidades se afrontaría la financiación para pagar el simbólico complejo industrial.

El convenio de La Panificadora permite edificar en el solar 21.950 metros cuadrados, conservando y rehabilitando los diez silos de grano, la única construcción protegida en el Plan Especial del Casco Vello. El Concello, según fuentes de la negociación, estableció su oferta económica en base a las escrituras públicas de las fincas, que otorgarían a Montelouro el 95% de la propiedad, y a Invoga el 5% restante. Este último porcentaje se compensaría mediante, 1.200 m2 de edificabilidad de licencia directa en una pequeña parte del ámbito.

Las dos sociedades están enfrentadas, ya que Invoga esgrime un contrato de compra a Montelouro, del que efectuó pagos, con el que sumaría el 60% de la edificabilidad –13.000 m2– que figura en el convenio del Plan del Casco Vello. Pese a ello, las fuentes consultadas coinciden en que las firmas lograron ponerse de acuerdo en la negociación para solventar sus diferencias económicas y cerrar la venta.

El Concello necesita de la conformidad de las dos partes, ya que las condiciones urbanísticas de La Panificadora obligan a desarrollar la operación prevista mediante una única licencia. El acuerdo estaba casi atado, pero se truncó. Invoga sostiene que Montelouro incumplió los compromisos pactados. Otras fuentes consultadas responsabilizan a Invoga al sostener que reclamó en el último momento condiciones mucho más onerosas a las fijadas.

Las conversaciones están interrumpidas, y el Concello ha iniciado los pasos para, de entrada, impedir cualquier operación en La Panificadora. La resolución de Urbanismo, que ratifica mañana el pleno de la Corporación –el PSOE y BNG votaron a favor en el consejo de la Gerencia, y el PP se abstuvo–, establece la suspensión de licencias y la clasificación del solar como "mayoritariamente dotacional". Invoga asegura que impugnará esta decisión al considerarla ilegal, amparándose en el convenio del Plan del Casco Vello.

Acudir a la expropiación retrasaría años el proceso para que La Panificadora pasase a manos municipales, y a ello se unirían posibles complicaciones legales si las sociedades acuden a los tribunales. La opción de instalar la biblioteca se alejaría, y el complejo seguiría en estado de abandono. Fuentes municipales recalcan, sin embargo, que activarán el procedimiento en caso de que no se cierre la firma al alegar el interés patrimonial que tiene la edificación industrial.