El Consello de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo ha dado cuenta este jueves de la concesión de licencia a la promotora Ifer para iniciar el camino de la legalización de las torres de García Barbón y evitar así la demolición del inmueble, que alberga 170 viviendas, la sede del Círculo de Empresarios de Galicia (Club Financiero) y otros locales.

Según han confirmado fuentes municipales, la concesión de esta licencia abre la vía a la restauración de la legalidad en ese ámbito, ya que ese permiso se concede con arreglo al nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), aprobado en diciembre de 2007.

Sobre las dos torres pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que se remonta a 1996, ya que incumplen el Plan General de 1993 al sobrepasarse en alturas --tiene 17-- e incurrir en otras irregularidades relacionadas con el ámbito de actuación. El Ayuntamiento presentó varios recursos que fueron rechazados y, de hecho, en septiembre pasado, el TSXG emitió un auto en el que desestimaba la pretensión municipal de legalizar el edificio, en el marco del nuevo planeamiento.

Con la concesión de la nueva licencia se cierra un proceso de casi 15 años y se inicia una nueva etapa, que tiene como paso fundamental el envío, por parte del Ayuntamiento, al Tribunal, de un escrito solicitando la "inejecución" de la sentencia de derribo.

Alcalde

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado en declaraciones a los medios, que la licencia se ha concedido "porque el PGOM obliga a hacerlo" y "no por un acto de voluntad política". A ese respecto, ha insistido en que "se acabaron las épocas de las tropelías urbanísticas en Vigo".

Caballero ha insistido en que los responsables de haber dado inicialmente los permisos para construir edificios ilegales "deberían disculparse y dejar la política para siempre". En el caso de García Barbón, ha recordado que no se han derivado responsabilidades patrimoniales, por lo que no se prevé el pago de indemnizaciones pero, ha añadido, en caso de que fuera así, "deberían responder con su patrimonio" los responsables políticos de esa irregularidad.