La difícil situación económica que atraviesa la Fundación Provigo parece que no tendrá solución, al menos a corto plazo. Tanto la Diputación como la Autoridad Portuaria no manejan entre sus planes inmediatos hacer frente a las cuotas que adeudan a la institución. Los responsables del organismo provincial y del Puerto demandan conocer las actividades y los objetivos que tiene la Fundación antes de desembolsar las cantidades que les corresponde como miembros de la misma.
En el caso de la Diputación la deuda asciende a 60.000 euros, que corresponden a las anualidades de 2009 y 2010. La Autoridad Portuaria, por su parte, debe 15.000 euros de este año.
Ambos organismos, gobernados por el PP, se muestran críticos con la labor que realiza la Fundación y justifican en ello su postura de no hacer frente a las cuotas que les corresponde como socios. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, manifestó que "se está dejando morir a Provigo, cuando en mi época como alcaldesa se había relanzado; lo primero que tendrán que hacer es un balance de las actividades que se han desarrollado este año, porque no hay una programación ni tampoco un objetivo concreto".
El vicepresidente de la Diputación y portavoz del grupo popular en el Concello, José Manuel Figueroa fue aún más crítico: "No están los tiempos como para dilapidar cantidades tan elevadas a un organismo que no tiene unos objetivos claros; tenemos otras prioridades". Figueroa recordó el episodio en el que la Diputación iba a hacer entrega de 24.000 euros, el pasado mes de marzo, al gerente de la Fundación en un acto público y que fue desconvocado por la presencia de la prensa y de las cámaras a las que había citado el organismo provincial. "Desde entonces no hemos tenido ninguna comunicación más; no hay relación alguna y seguramente debería replantearse el papel de Provigo o su conveniencia, pero no por la cuestión económica sino por la falta de objetivos y de planes", señaló Figueroa.
Empresarios
Por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios, José Manuel Fernández Alvariño, manifestó que "el problema de la Fundación no es de índole económico, sino de fondo".
La CEP adeuda, según los datos oficiales, una cantidad de 10.000 euros a Provigo. "Aunque la situación económica es mala para todos, la falta de liquidez es solventable", matizó Fernández Alvariño, para añadir: "Eso no es un problema, se le debe dotar de contenido y no politizarse, porque es una gran plataforma para la ciudad". Sin embargo, no aclaró si pagará o no lo que adeuda.
