La gratuidad de la autovía portuguesa A-28 entre Viana do Castelo y Oporto tiene ya fecha de caducidad. Los ciudadanos del sur de Galicia que utilizan con frecuencia este vial en sus desplazamientos a las grandes superficies comerciales o al aeropuerto de Sá Carneiro deberán pagar un peaje de más de ocho euros -ida y vuelta- a partir del próximo 15 de octubre. El cobro se aplicará también desde ese día en otras dos Scut (carreteras sin coste para el usuario) del norte luso: Grande Porto y Costa da Prata.
Los empresarios y usuarios gallegos tendrán que abonar íntegramente el coste del peaje. No así los portugueses. El Ministro de Obras Públicas luso, Antonio Mendonça, anunció que las firmas y residentes de los concellos situados a menos de 10 kilómetros de la autovía A-28 tendrán diez accesos gratuitos al mes y se beneficiarán de un 15 por ciento de descuento en los restantes.
El Gobierno del socialista José Sócrates atendió además a la exigencia del principal grupo de la oposición, el Partido Socialdemócrata, de que el cobro se extendiera al resto de autovías libres de peaje del país. Así, otras cuatro Scut del centro y sur de Portugal (Interior Norte, Beiras Litoral, Alta Beira Interior y Algarve) serán también de pago a partir del 15 de abril de 2011. En estas cuatro vías habrá más exenciones que en el norte, ya que las ventajas económicas se aplicarán a las empresas y usuarios ubicados en un radio de 20 kilómetros. A partir de 2012 estas ventajas económicas beneficiaran solo a las regiones cuyo Producto Interior Bruto (PIB) per capita sea inferior al 80% de la media nacional.
Ésta es la tercera vez en este año que el Gobierno portugués anuncia una fecha para la entrada en vigor de los peajes. Las dos primeras, en julio y agosto, se cancelaron por la fuerte oposición de los ayuntamientos del norte de Portugal y por la falta de acuerdo entre el Ejecutivo de Sócrates y el PSD.
Los gallegos tendrán que afrontar ahora un nuevo obstáculo: el sistema de pago. El Gobierno luso impide que puedan abonar e una oficina bancaria cinco días después de haber circulado por la autovía -como sí podrán hacer los portugueses- y les obliga a desembolsar entre 23 y 30 euros, lo que cuestan los otros tres sistemas de telepeaje: “chip”, Vía Verde -similar al OBE gallego- o una tarjeta prepago recargable. Circular sin ellos acarreará multas de entre 120 y 600 euros.
La única alternativa gratuita que tendrán ahora los gallegos para ir a Oporto será la N-13, una carretera nacional con tráfico intenso y por la que el viaje se demora casi tres horas.
Las plataformas de usuarios llaman a la rebelión y anuncian nuevas formas de “lucha”
Las plataformas de usuarios contrarias al peaje en las Scut llaman a la rebelión. La decisión del Gobierno luso de comenzar ya a cobrar a ha provocado un nuevo levantamiento de las asociaciones anti-peaje de todo el país. “No vamos a bajar los brazos y se va a fijar una reunión entre las plataformas de todo Portugal para definir nuevas formas de lucha”, anuncia José Rui Ferreira, portavoz de uno de los movimientos del norte luso.
Los usuarios lanzan también un llamamiento al apoyo de los alcaldes de todos los concellos por los que transcurre la A-28. “Es el momento en el que los alcaldes deben unirse y, conjuntamente con los movimientos ciudadanos, usar todas lar armas legales para luchar contra los peajes”, pide Jorge Passos, portavoz de la plataforma contraria al peaje entre Viana do Castelo y Oporto.
A estas protestas se suman ahora con más fuerza las de los movimientos del centro y sur del país, donde el Gobierno anuncia que también se cobrarán peajes a partir del 15 de abril de 2011. “El Gobierno escogió la vía de la confrontación, y la va a tener. Va a haber lucha en la calle”, advierte Francisco Almeida, portavoz de la comisión de usuarios contraria a los peajes en la A-25 (Aveiro-Vilar Formoso), A-23 (Guarda-Torres Novas) y A-24 (Viseu-Chaves).
Los empresarios gallegos amenazan con emprender acciones legales
El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), José Manuel Fernández Alvariño, anuncia que el sector no se quedará con los brazos cruzados. “Se están conculcando los derechos europeos de libre circulación. Nadie nos puede obligar a comprar un dispositivo. En los próximos días nos reuniremos con los empresarios del norte de Portugal para hacer un frente común y estamos estudiando ya la posibilidad de emprender acciones legales contra esta medida”, anuncia.
El presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, apela además a la mediación de las administraciones españolas. “La intervención de la Xunta y del Estado es transcendental, ya que esta decisión afecta a las relaciones entre Galicia y Portugal”, advierte.
Sistemas de pago
Chip - Dispositivo vinculado a una cuenta bancaria. Cuesta 23 euros. Se vende en oficinas de Correios o Brisa (concesionaria de las autopistas lusas).
Sistema pre-pago? - Vinculado a una tarjeta recargable. Cuesta 23 euros. Mismo sistema y puntos de venta que el “chip”.
Vía Verde - Similar al OBE gallego. Cuesta 30 euros. Se vende en oficinas de Brisa.
Sistema postpago? - No es válido para extranjeros. Permite que los portugueses paguen cinco días después de haber circulado.
