La federación vecinal reclama sanciones más contundentes contra los vertidos al Lagares

REDACCIÓN La federación vecinal Eduardo Chao exige al Concello y a la Xunta de Galicia que actúen con "mayor contundencia" contras la personas y empresas que vierten ilegalmente al río Lagares. Los representantes vecinales manifestaron ayer su preocupación ante el hecho de que ocho de cada diez vertidos al cauce fluvial registrados en los últimos años hayan quedado impunes, como publicó este periódico.
"Es de conocimiento público, y por tanto una realidad conocida por los responsables políticos, que en el curso del río Lagares se siguen realizando vertidos ilegales que contaminan sus aguas, con un impacto ambiental evidente sobre un hábitat que debería ser protegido por parte de las administraciones públicas", argumentan.
Desde la federación vecinal lamentan que este problema no es nuevo, y urgen a las dos administraciones implicadas que tomen medidas. "Las asociaciones de los barrios y parroquias que atraviesa el Lagares llevan años denunciando esta situación del río que, pese a haber registrado mejoras importantes en algunos tramos, sigue padeciendo vertidos, fundamentalmente de carácter industrial, que lo contaminan", aseguran.
Desde el año 2004 la Concejalía de Medio Ambiente intervino en 79 vertidos. La Xunta solo resolvió diez con un importe total de las multas de 25.800 euros. Este balance es insuficiente para los responsables vecinales, que exigen que se refuerce tanto la labor de investigación como sancionadora.
"Las administraciones implicadas deben intensificar la labor de inspección de vertidos, para lo que ofrecemos la colaboración del movimiento vecinal", proponen.
La federación vecinal va más allá, y plantea al gobierno local y al Ejecutivo gallego que redacte una normativa específica para castigar este tipo de actuaciones contaminantes en el Lagares. "Con el propósito de reclamar una mayor contundencia sancionadora a la Xunta de Galicia, proponemos al Concello que establezca mediante una normativa municipal un régimen de sanciones económico propio que castigue con mayor agilidad estas prácticas que atacan uno de los principales elementos del patrimonio natural de nuestra ciudad", concluyen.