J. PASTORIZA/ C.LINO
Los vecinos de la urbanización de Jacinto Benavente amenazada de derribo pueden, al fin, respirar tranquilos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido un auto en el que anula la demolición del edificio de 180 pisos después de que el Concello lo legalizase al darle licencia al amparo del nuevo Plan Xeral de Urbanismo. El alto órgano judicial declara "inejecutable" la sentencia que obligaba a echar abajo el inmueble, y abre la puerta, con su fallo, a regularizar la situación de otras edificaciones de la ciudad sobre las que pesan órdenes que instan a derruirlos.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentaron un "incidente de inejecución" al tribunal en el que alegaban que la urbanización se ajusta al Plan Xeral y dispone de un nuevo permiso. municipal El auto del TSXG concluye que, "la legalización viene a suponer, en principio, la desaparición de la reprochabilidad desde el punto de vista de la legalidad que hasta entonces era predicable", reza en sus razonamientos jurídicos. Echar abajo el edificio, cuando podría volver a levantarse "de inmediato" con las mismas características, sería una acción que "no se acomoda al principio de proporcionalidad –prosigue–, por lo que cabe incluir el supuesto en el ámbito de la inejecutabilidad".
Aunque la demolición queda descartada, el auto señala que el recurrente puede reclamar una compensación económica sustitutiva. Los letrados del Concello estudian presentar un escrito para que el tribunal aclare este punto, puesto que el demandante –Eduardo Canabal, que también pleitea en otras urbanizaciones de la ciudad–, carece de "derecho de patrimonio en la actuación", según fuentes jurídicas municipales.
La urbanización fue declarada ilegal por los tribunales por un defecto en la zonificación de los usos y por exceder el edificio las alturas autorizadas en ese ámbito en el Plan Xeral de 1993. El nuevo PXOM_le da acomodo, ya que las características de la urbanización encajarían con la ordenación que se pretende para ese entorno.
Los propietarios de las viviendas presentaron en el Concello un proyecto de legalización tras aprobarse el PXOM, y su edificio se convirtió en el primero de los que tienen orden de derribo en obtener licencia, después de recibir todos los informes técnicos favorables. Tras ese paso se pidió al TSXG la inejecución de la demolición, que de producirse acarrearía indemnizaciones millonarias a las arcas municipales, ya que la urbanización –que incluye el centro comercial Toys´r´Us– se levantó con licencia.
En condiciones similares se encuentran otros inmuebles con sentencias en contra, como "las Torres Ifer de García Barbón o los bloques de A Pastora", citan las citadas fuentes. No ocurriría lo mismo con O Piricoto, apuntan desde el Concello, que ya ha presentado un proyecto de demolición parcial y espera respuesta del TSXG. Tampoco Finca do Conde, donde Urbanismo ha suspendido, al igual que en el caso anterior, los trámites para conceder licencias.