"Podemos dar dos años más a la Xunta para que pague la depuradora, pero debe cumplir su parte"

–La construcción de la depuradora de Vigo vuelve a pender de un hilo. ¿Quedan todavía alternativas para desbloquear definitivamente la planta?

–Hemos hecho más esfuerzos con la depuradora de Vigo que con cualquier otra de España. Sin tener competencias ni tratarse de una obra de interés general, el Ministerio destinó 112 millones de euros al proyecto para subsanar una injusticia cometida por el PP, al declarar de interés general todas las plantas de las principales ciudades gallegas excepto la viguesa. Teníamos que ayudar a salvar este error del pasado, pero ya es hora de que quien tiene las responsabilidades [Xunta] las asuma, que valore el esfuerzo de los demás y que entienda que no realizarla traerá consecuencias mucho más cuantiosas.

–¿El desacuerdo entre Xunta y Concello es una cuestión de falta de voluntad política por alguna de las partes o puede que no se explicaran bien las condiciones de financiación?

–La voluntad política del Ministerio nadie la puede poner en duda y las condiciones de la obra se han transmitido en todo momento por escrito en los sucesivos borradores. Trabajamos con protocolos y cláusulas estándar en la redacción de los convenios y lo que se hace es adaptar las cifras a cada actuación concreta. Además, el intercambio de información entre la Xunta y AcuaNorte fue continuo. El Gobierno gallego nunca se cuestionó el IVA. El problema surgió en una reunión de la semana pasada y me tiene perpleja. Hay pocas opciones: o nadie se leyó los borradores, se hizo sin la seriedad que el proyecto merece o, simplemente, es que la Xunta ha estado jugando con disculpas sin la más mínima intención de realizar la obra.

–¿Es habitual que en los convenios estatales la obligación de pagar el IVA no conste en el epígrafe sobre financiación y figure en el apartado de "recepción y entrega" de la obra?

–Eso entra dentro ya de un conocimiento general y básico de que las empresas facturan con IVA. No me hagan ser mal pensada. Pero hay además un dato muy significativo y es que AcuaNorte envió el borrador a la Xunta para traducirlo al gallego y ahí tuvo que ver perfectamente claro a quién correspondía el IVA.

–El Gobierno gallego habla de engaño por parte del Concello de Vigo y del Ministerio. ¿Pudo haber negligencia al redactar las condiciones de pago por parte de los técnicos estatales?

–Es la primera vez en 6 años que me sucede algo igual. No tengo ningún inconveniente en mostrar y comparar este expediente y la propuesta de convenio con cualquier otro proyecto en cualquier ciudad española.

–¿Qué salidas se pueden buscar a partir de ahora?

–Confió en que podamos llegar a un acuerdo y volver a la situación de hace un mes. La Xunta debe tener claro que en una obra de esta envergadura siempre hay rebajas en el coste a la hora de la licitación, así que al final su esfuerzo financiero no va a ser tan elevado. Espero que recapacite y quiero dejar claro que podemos mantener las reuniones que quieran. Siempre puede haber una salida porque es posible aún añadir uno o dos años a los plazos de financiación pactados, eso sí, siempre que la empresa lo asuma en el momento de la adjudicación y manteniendo las condiciones del convenio original.

–Xunta y Concello no pueden tener razón en sus argumentos al mismo tiempo. ¿Se ha intentando crear confusión? ¿Por qué parte?

–Entendí la postura del Concello cuando manifestó que no podía destinar una parte muy importante de sus presupuestos a la acometida eléctrica de la depuradora, de la misma forma que comprendí los problemas de financiación de la Xunta, porque las circunstancias económicas habían cambiado para todos y la crisis pudo hacer mella en sus cuentas. Pero fue el Ministerio quien dio soluciones en los dos casos y ahora es la Xunta la que tiene que decir alto y claro a los vigueses si quiere que tengan las mismas condiciones que otras ciudades de Galicia o no. Además, la UE nos exige depurar las aguas antes de 2015 y está en suspenso un expediente que de momento también el Gobierno de España ha conseguido parar, pero con la promesa de ejecutar una nueva planta.

–¿Cuándo habría que empezar a pagar la sanción de la UE y durante cuánto tiempo?

–Cuando se nos sancione formalmente. Son multas normalmente diarias y no se levantan hasta que se cumplen las condiciones exigidas, en este caso, la construcción de una nueva depuradora.

¿Habría que estar pagando durante los años que se prolongue la construcción?

–Efectivamente. Por eso insisto en que a la Xunta le resultaría mucho más caro no ejecutar la infraestructura. Incluso hay antecedentes de multas de un millón de euros diarios.

–¿Hasta qué punto es real el riesgo de perder los 112 millones de los fondos comunitarios? ¿Hay una fecha límite?

–Nadie nos perdonaría que se perdiera ese dinero con tantas demandas de inversiones que recibimos. Tenemos pocas semanas, o diría mejor, pocos días, para plantear una modificación de la programación actual de fondos comunitarios. De no hacerlo, los 112 millones consignados a la depuradora de Vigo no podrán dedicarse a otros proyectos y si el expediente no inicia su vida administrativa, tampoco habrá tiempo de justificar las inversiones en la nueva planta. Europa nos acusaría de ser como el perro del hortelano, ni comemos ni dejamos comer.

–Perder la aportación económica comunitaria, ¿significaría renunciar a la construcción definitiva de la planta?

–El Ministerio no podría afrontar la inversión con cargo a otras partidas presupuestarias propias porque no es una obra declarada de interés general y no entraría en las competencias del Gobierno de España.

–De no cerrarse rápido un acuerdo, ¿a qué se destinarían los fondos? ¿Se pueden redirigir a otros proyectos en la ciudad?

–El ámbito del Feder es de la comunidad autónoma y el dinero podría destinarse a otras obras siempre y cuando la Comisión Europea acepte el cambio y los nuevos proyectos. Aún así, recuperar los fondos para Vigo y en materia de aguas sería difícil.

–El conselleiro de Infraestructuras propone pagar el IVA de la obra a cambio de licitar y construir la planta y del traspaso de las competencias de gestión y explotación. ¿Es viable aceptar estas condiciones?

–Al señor conselleiro ya le expliqué en reiteradas ocasiones que no era posible trasladar los fondos del Feder a la comunidad, es más, hemos pedido un informe a la Abogacía del Estado que apoya esta postura y él lo sabe perfectamente. Está aclarado desde hace muchos meses, pero insisto, si su problema es el IVA, ¿cómo lo iba a solucionar?

–¿Se plantea el Ministerio declarar el proyecto Obra de Interés General del Estado y aportar mayor volumen de fondos?

–El Gobierno de España cumple sus compromisos. Ayudar a las comunidades a adaptarse a la directiva marco del agua supone una inversión de 19.500 millones de euros. Los fondos están programados y comprometidos con otras ciudades y ya estamos asumiendo con 112 millones un error del pasado del PP y lo hacemos porque creemos que se cometió una injusticia con Vigo, pero cometeríamos otra mayor si no cumplimos con otras ciudades para destinar el dinero a Vigo. Y si encajamos la obra en la senda presupuestaria del Ministerio, llegaríamos tarde y la sanción de la UE ya estaría encima.

–En este nuevo escenario de desacuerdo entre las administraciones autonómica y local, ¿está paralizada la depuradora?

–En el Ministerio no hemos paralizado el expediente administrativo, es más, está listo para recibir el visto bueno en Patrimonio del Estado. Como gallega, sentiría vergüenza de que finalizado todo el proceso y tras un gran esfuerzo por parte del Ministerio tuviéramos que archivar el expediente y creo que la credibilidad de la Xunta de Galicia ante el Gobierno de España y ante el Ministerio de Economía quedaría cuestionada.

–El ex conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, anunció la depuradora a mediados de 2011. ¿Se atreve a poner una fecha aproximada?

–Me atreveré cuando vea el convenio firmado. Pachi Vazquez no se inventó los plazos. Los dio en función de la programación que tenía y de haber continuado en sus responsabilidades.

–Junto al saneamiento de la ría, otra de las apuestas del Ministerio en Vigo es la recuperación del litoral de Alcabre y la playa de Samil. ¿Hay partidas consignadas ya para este año? ¿Y proyectos definitivos?

–La actuación más adelantada es la de Alcabre. Está prácticamente finalizado el proyecto técnico y se iniciará inmediatamente la información pública, por lo que cuenta con partidas ya para este año. La inversión será superior a la inicialmente prevista, pero no buscaremos una disculpa para no hacerlo. En el caso de Samil, se están estudiando varias alternativas para conseguir la mejor recuperación de la playa, pero se ejecutará igual que hacemos con el paseo de A Guía.

–¿Se verá afectada por el Plan de Austeridad del Gobierno alguna obra prevista en Vigo?

–No. El recorte presupuestario nos ha llevado a ser más imaginativos y a estudiar con el Ministerio de Economía una financiación público-privada, pero que no afecta a Vigo.

–La Xunta revisará los contenidos de la Ciudad del Mar y a cambio ofrece su respaldo a la candidatura de Vigo al Campus de Excelencia Internacional. El Gobierno central que en su día se comprometió a apoyar el proyecto, ¿trasladará ahora ese respaldo al Campus del Mar impulsado por la Universidad?

–Es competencia del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene responsabilidades en investigación marina más allá de la labor que realizan nuestros buques oceanográficos y actualmente tenemos tres, que tienen su base en Vigo. Y eso no se va a modificar. Más aún, el buque de cooperación pesquera, recientemente inaugurado, también tiene su base de operaciones en la ciudad.

–Abel Caballero se comprometió a recabar apoyos de los ministerios para el proyecto del Campus del Mar. ¿Han comenzado esos contactos?

–Siempre hemos apoyado la Ciudad del Mar porque si queremos seguir siendo la capital pesquera mundial debemos tener una base de investigación e innovación por detrás. Como Ministerio, no tenemos ninguna competencia en el proyecto, pero si en el futuro surgen proyectos adicionales, no tendremos inconveniente en colaborar.

–Otro problema del que está pendiente la Xunta es la situación de los núcleos costeros tradicionales afectados por la Ley de Costas. La normativa está paralizada por el Tribunal Constitucional y el Ministerio abogó por llegar a acuerdos puntuales con cada núcleo. ¿Hay avances en la negociación con las localidades afectadas?

–El Gobierno tuvo que recurrir la ley por invadir competencias del Estado. No es un tema que nos agrade pero el respeto competencial tiene que darse. Nosotros estamos incoando un nuevo deslinde en la zona más problemática, que son los núcleos costeros de Marín, y se está avanzando en el procedimiento como estaba previsto.

–Se habla de una posible reestructuración del Gobierno en junio. ¿Se sigue viendo en el equipo de Rodríguez Zapatero?

–Me remito a las palabras del presidente del Gobierno, que hace muy poco dejó claro que no va a haber cambios. Pero también tengo claro que cuando uno asume una responsabilidad de este tipo debe ser consciente de que le pueden cesar en cualquier momento. Hay que trabajar todos los días como si la responsabilidad fuera a durar toda la vida. Estoy abierta y colaboraré con mi ideología y con el PSOE tenga o no responsabilidades públicas.

–El gobierno del PP cumple un año en la Xunta. ¿Qué valoración hace de su gestión del Parque Nacional?

–Tengo la impresión de que el Parque de las Islas Atlánticas ha perdido su lugar en la agenda política de la Xunta. La principal repercusión que puedo observar es una pérdida en la calidad de su gestión.

–¿Seguirá financiando el Ministerio obras en las islas? ¿O serán las últimas la reforma del muelle de Cíes ya en marcha y la construcción de la sede del Parque Nacional en la ciudad de Vigo?

–La transferencia no es un mero papel; se transfieren las competencias, el personal, y por supuesto, los presupuestos. Seamos serios, lo de yo ordeno y mando, pero tu pagas, no es precisamente una transferencia. El Gobierno gallego dispone de presupuesto para realizar mejoras en el Parque Nacional. Cuestión diferente es la sede del Parque, que entra dentro de un programa específico de centros de interpretación a nivel nacional, o el muelle de Cíes, que aún estando dentro del recinto su titularidad es de la Dirección General de Costas.

–¿Tiene previsto el Ministerio encargar más buques oceanográficos o quedan en suspenso por la delicada situación que atraviesan los astilleros?

–Cuando una administración programa una inversión, es en función de sus necesidades. Nuestra responsabilidad es hacer un buen uso de los presupuestos y hoy el Ministerio tiene cubiertas sus necesidades de buques oceanográficos, al haber incorporado el Miguel Oliver, orgullo de España por todos nuestros océanos.