El fiscal solicita más de 1,6 millones para los afectados del derrumbe del edificio Odriozola

M. FONTÁN
A falta de apenas dos meses para la celebración de uno de los juicios más esperados de los últimos años en Vigo, el del derrumbe del edificio Odriozola de la calle García Barbón, el juzgado se halla inmerso en la vorágine de la preparación de esta "macrovista". El próximo 4 de octubre, once años después del trágico siniestro, ocho personas se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo por su presunta responsabilidad en un suceso por el que la Fiscalía –que sólo acusa a siete de ellas– solicita penas de tres años de prisión y el pago de indemnizaciones que, en total, ascienden a más de un millón y medio de euros. Una cantidad que el Ministerio Público considera que deben abonar conjuntamente los procesados, aunque con la responsabilidad civil directa y solidaria de dos aseguradoras y la subsidiaria de una sociedad. Una de las compañías ha consignado ya en el juzgado 252.000 euros.
Una mujer de 65 años muerta, dos heridos, la "ruina" de un edificio e inquilinos y comerciantes que sufrieron graves perjuicios económicos al verse afectadas sus casas o establecimientos. Éste es, según el fiscal del caso, el balance de un siniestro que se debió, señala, a las obras de demolición y vaciado de un inmueble contiguo al siniestrado. Por este motivo, solicita tres años de cárcel para cinco propietarios y administradores de la empresa de demolición responsable del derribo de esa construcción, a los que acusa de homicidio por imprudencia grave. La misma pena demanda para dos aparejadores, para los que también pide cinco años de inhabilitación.
En el escrito de calificación del fiscal se solicita en total más de 1,6 millones de euros en indemnizaciones. Pero la petición real es todavía mayor. Y esto es así porque muchas otras cantidades –como por ejemplo el valor del traspaso de una farmacia afectada por el derrumbe o los gastos de vigilancia del inmueble que fueron abonados por el Concello– deberán concretarse en la fase de ejecución de sentencia si así procediese. La Fiscalía demanda indemnizaciones para los hijos de la única fallecida, para la dueña de la farmacia afectada, para personas que residían en viviendas que resultaron destrozadas o para el Ayuntamiento vigués, entre otros posibles beneficiarios. Pero la mayor cantidad que se solicita es para "Rogina Instalaciones S.L.": la acusación pública plantea 175 millones de las antiguas pesetas (más de un millón de euros) para esta sociedad, que era la propietaria del inmueble siniestrado, "por razón del derrumbe y ulterior demolición completa del edificio".
El juicio que comenzará el 4 de octubre durará como mínimo un mes. El calendario que preparó el juzgado contempla tres sesiones por semana. Éste es el cálculo más optimista, porque lo más probable, dado el elevado número de testigos y peritos y el de partes personadas, es que la vista oral se demore más tiempo. "Casi con toda seguridad se va a alargar", reconocen fuentes judiciales.
Uno de los problemas de la celebración del juicio es acondicionar la sala de vistas de Penal 2 para que haya sitio suficiente para el fiscal y los 17 abogados que representan a acusados, afectados y aseguradoras. El juzgado ya solicitó a la Xunta más mesas, sillas y micrófonos.