CH. GARCÍA
El convenio para la construcción de la nueva depuradora de Vigo echa a andar una vez que el Consello de la Xunta ratificó, en su reunión de ayer, el documento que se había acordado entre las tres administraciones que participan en el proyecto –Gobierno central, Xunta y Concello– el pasado 30 de junio.
Nada más producirse el acuerdo el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, envió dos cartas. La primera, a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para comunicarle la decisión de la Xunta y ponerse a su disposición para la firma, "cuanto antes", del documento. El segundo escrito fue para el alcalde de Vigo, Abel Caballero. En éste, además de poner en su conocimiento el acuerdo adoptado, el conselleiro le indica que está a la espera de que se ratifiquen las condiciones de pago de los terrenos a ocupar para la nueva planta, a fin de continuar con procedimiento de expropiación de las parcelas que hacen falta, además del solar que ocupa ahora la depuradora del Lagares.
El coste total que habrá de asumir el Gobierno gallego, según los términos del convenio, será de 121,7 millones de euros, menos que los 126 que se habían autorizado con anterioridad, "por la revisión a la baja de los precios". De ellos, 104 se destinan directamente al presupuesto de la obra y el resto corresponde a los intereses que habrá de abonar hasta el año 2024, por diferir una parte del pago. El presupuesto del proyecto asciende a 230 millones de euros.
Si el convenio se firma en las próximas semanas, la licitación del proyecto, que corre a cargo de la sociedad estatal Acuanorte, podría realizarse en el mes de septiembre, con la previsión de iniciar obra a lo largo del próximo año.
En el convenio se especifican las obligaciones de las tres administraciones para llevar adelante el proyecto. Así Acuanorte, sociedad hidráulica estatal, se encargará licitar, adjudicar y dirigir las obras de la nueva depuradora. La Xunta cofinancia y asume las bajas o alzas de las incidencias que se puedan producir en la construcción. El Concello, por su parte, se hará cargo de la instalación, una vez terminada la obra y asumirá la explotación.
Todo el proceso se regirá por el anteproyecto de ampliación y modernización de la depuradora del lagares, que aprobó el anterior Gobierno gallego el 30 de marzo de 2009. Según el convenio, la Xunta abordará, entre 2011 y 2014 –fecha probable de finalización de la obra– un total de 47,5 millones, cantidad que es el máximo de endeudamiento que tiene la administración hidráulica gallega. El resto lo abordará, en anualidades, a razón de 8,3 millones de euros hasta el año 2024.