Caballero rechaza los peajes en el norte de Portugal por ser un "atraso en el desarrollo de la Eurorregión"

REDACCIÓN Las reacciones a la ruptura de negociaciones en Portugal y el regreso al decreto con peajes sólo en la región norte no se han hecho esperar. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, calificó ayer de "desafortunada y muy negativa" la resolución de la Comisión de Obras Públicas lusa, que interpreta como "un freno" a la construcción de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
"Cualquier decisión que signifique establecer peajes es un factor de ralentización y retardo económico", advirtió Caballero, que reiterará al ministro portugués de Obras Públicas su oposición frontal a la implantación de peajes por los daños económicos que pueda ocasionar.
El regidor también puntualizó que el hecho de que las autovías portuguesas tengan peaje y no así las gallegas implica un "agravio comparativo" y supone "un factor de asimetría entre los habitantes portugueses y los españoles dentro de la Eurorregión. Ha sido una mala decisión", insistió el alcalde, al que minutos después respaldaba el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.
José Manuel Fernández Alvariño ahondó en la repercusión económica de la medida y vaticinó un "frenazo económico" con la aplicación de tasas en autovías tan utilizadas por los gallegos como la Norte Litoral hacia Oporto. "Supone un paso atrás y una vuelta a los tiempos de las aduanas", denunció el portavoz de la patronal.
Una de las cuestiones que más preocupa a instituciones y empresarios es la indefinición del Gobierno luso. En teoría, podría aplicar desde hoy mismo los peajes en base al decreto aprobado en junio, pero el ministro de Presidencia luso, Pedro Silva Pereira, se mostró dispuesto a dialogar con la oposición ante la imposibilidad de hacer efectivas las tasas sin un sistema de pago. "El Ejecutivo no dispone de un nuevo mecanismo para cobrar y esto perjudica la posibilidad de empezar a cobrar el día 1 de agosto", fecha prevista tras el retraso del 1 de julio. El portavoz del Gobierno reconoce la "confusión" generada sobre el proceso y está dispuesto a dialogar rebajas, aunque no afectarían a los gallegos.