Los empresarios denuncian la "impunidad" ante los atentados que se repiten en la provincia desde 2007

CH. GARCÍA La ola de atentados que sufre la provincia de Pontevedra, y más en concreto la comarca de Vigo, desde 2007 ha provocado un clamor entre los empresarios, que hablan de "sensación de impunidad". La patronal de Foncalor –cuya sede fue atacada el pasado martes– reclama "mano dura y vigilancia contra estos grupos; una detención es el mejor mensaje que se puede lanzar para abordar el problema y acabar con la sensación de impunidad". En el mismo sentido se manifestaban los presidentes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, José Manuel Fernández Alvariño y José García Costas.
El responsable de la CEP indicaba con contundencia que "los autores deben ser castigados para evitar que el problema siga creciendo" . Su homólogo en la Cámara ponía de manifiesto que "hasta ahora a los autores les han salido bien las cosas y eso ha hecho que se crezcan. La solución es meterlos entre rejas y conseguir una condena que dé ejemplo" . En la necesidad de medidas judiciales también hacía hincapié Alvariño, al señalar que "debe de hacerse un esfuerzo desde el aparato judicial para que, cuando haya detenciones, se aplique la ley con el máximo rigor, porque estos actos están dirigidos contra el eje central del desarrollo de Galicia, como es la comarca viguesa". Costas, además, insistía en que "debe actuarse con firmeza contra estos hechos despreciables", en alusión a todos los incidentes de los últimos años.
Un total de 16 atentados con artefactos explosivos o incendiarios se han registrado en la provincia desde el año 2007. Ninguno de ellos ha sido resuelto por la Subdelegación del Gobierno. Solamente se produjeron dos arrestos en enero, en la capital de la provincia. Dos independentistas que fueron interceptados con material para preparar un explosivo. Pero no relacionados con ninguno de los hechos que han ocurrido en la comarca viguesa en los tres últimos años. Pobre bagaje el del subdelegado, Delfín Fernández, pese al empeño que ponen a diario las fuerzas de Seguridad del Estado.
La clave reside en "encontrar pruebas que puedan servir como base en un juicio para una condena ejemplarizante", llegó a reconocer ayer el concejal de Seguridad de Vigo, Xulio Calviño, cuyo chalé de Coruxo fue atacado con un artefacto incendiario el día 20 de abril.
Investigación
Fuentes de la investigación reconocieron que el del martes es "de los ataques más graves registrados en la ciudad" y apuntan sus similitudes con el ocurrido el 23 de julio de 2009 en la calle Aragón, cuando se desactivó una bomba en un cajero bancario, que nunca fue reivindicado, y con el sufrido por otra oficina bancaria durante la huelga del metal, veinte días antes. Las pesquisas apuntan a miembros del grupo independentista Resistencia Galega y a sus conexiones en el norte de Portugal, a donde podrían haber huido los autores.
La virulencia creciente de las explosiones preocupa a CC OO –cuyas sedes también han sido atacadas–, que enmarca los incidentes "dentro de un mismo embrión violento que aprovecha distintas situaciones de conflicto como la crisis, el metal o una fecha señalada para actuar".
Pese a la falta de resultados en la investigación, el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, lanzaba ayer un mensaje de tranquilidad al asegurar que "la policía trabaja con intensidad, rigor y con toda discreción. Habrá detenciones", insistió rotundo al valorar un ataque que atribuye a "grupos minoritarios". Louro insistió en que la Policía "no baja la guardia", al tiempo que aclaró que el ataque no ha sido aún reivindicado.
El balance inicial de daños en el inmueble de la patronal de los fontaneros ronda los 40.000 euros, aunque ayer por la tarde los peritos lo supervisaron para cerrar la cuantía definitiva. "Esto ha alcanzado un nivel en que ya no se puede dejar pasar", advirtió el secretario de Foncalor, Rafael Carrera. Los empleados de la sede empresarial, por su parte, se incporaron a sus puestos de trabajo en el día de ayer.