La Xunta es la que marca el rumbo para crear los órganos judiciales que demanda Vigo. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, apeló ayer a la iniciativa del Gobierno gallego para cubrir las necesidades de la ciudad en la materia, ya que la administración autonómica tiene las competencias para planificar la mejora de estas infraestructuras. "A la comunidad autónoma le corresponde asumir esa responsabilidad", manifestó, preguntado por la posibilidad de incorporar un nuevo Juzgado de lo Social, –dotación que el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar considera imprescindible para 2011–, o la concesión de uno de guardia abierto las 24 horas, que aligeraría la elevada carga de los de instrucción.

"Es la comunidad la que planifica, después interviene el CGPJ, que lo valora, y por último está el ministerio, que lo integra en el decreto de creación de todas las dotaciones judiciales", recordó Caamaño, quien recalcó que las competencias son "exclusivas" de la Xunta al haber sido transferidas. "Cada uno tiene sus responsabilidades", reiteró en una visita para participar en un almuerzo-coloquio en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia (Club Financiero).

Almenar explicó el viernes que es prioritario el Juzgado de lo Social por la saturación actual, ya que hace 25 años que se creó el último. Otra de las necesidades, que en este caso planteó el Tribunal Superior de Xustiza, es el Juzgado de Guardia 24 horas, que se convertiría en el primero de Galicia. También una nueva sección de la Audiencia Provincial figura entre las demandas desde la ciudad. Caamaño eludió entrar a valorar cada órgano en particular "por respeto a las competencias de la comunidad autónoma".

Igualmente está pendiente la construcción de la Ciudad de la Justicia, un complejo proyectado en el mismo ámbito que los dos edificios judiciales de la calle Lalín que se retrasa desde hace más de tres años. Los jueces y letrados de Vigo lo creen imprescindible para resolver los problemas de espacio que sufren las instalaciones actuales y dar cabida a nuevos órganos. Sobre este punto el ministro mantuvo la misma postura, en alusión a que es la Xunta la que desarrolla el proyecto, aunque animó a llevarlo adelante. "Cuantas más infraestructuras y más modernas tengamos, será una inversión para los ciudadanos y las empresas", indicó. Caamaño añadió que "la que haga la Xunta por mejorar las infraestructuras y desplegar la nueva oficina judicial resultará bueno para Vigo y para los gallegos", y brindó "la colaboración plena" de su ministerio.

Por otra parte, aseguró que la cooperación con la Xunta "es buena", si bien matizó que "cuando no funciona el sistema procesal o se pide un juzgado es fácil pensar inmediatamente en el ministerio y olvidarnos de que las comunidades han asumido competencias".