Jueces y familias reclaman el servicio de mediación a Xunta y Colegio de Abogados

Defienden la protección que ofrece a los menores y el descenso de los litigios

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A. MÉNDEZ Jueces, alcalde y asociaciones de afectados no se dan por vencidos y reclaman la puesta en marcha en Vigo de un servicio de mediación familiar similar al que ya funciona en Santiago y que se implantará próximamente en Ourense y A Coruña. La Xunta propuso su desarrollo en los juzgados de la ciudad, pero ha dado marcha atrás ante la negativa del Colegio de Abogados de implicarse en el proyecto alegando inconvenientes operativos y de rentabilidad a la iniciativa. Todas las partes implicadas se comprometen a intentar mediar y presentar iniciativas ante el Gobierno gallego para facilitar su creación aunque sea necesario modificar el protocolo actual para que no sea obligada la incorporación del órgano colegial para su desarrollo en próximas ciudades.

Germán Serrano. Sorprendido por la decisión, el juez decano de Vigo llamó en persona ayer a la delegada de la Xunta en la ciudad y al director xeral de Xustiza para intentar confirmar la noticia y conocer a fondo los argumentos. Serrano respeta la decisión del Colegio de Abogados, pero también insiste en que "seguimos creyendo en la mediación, así lo hacen los jueces de familia vigueses, así que volveremos a pedir al Gobierno gallego su puesta en marcha". Añade además que "No se puede valorar un servicio sólo en función de criterios económicos. La peor de las mediaciones siempre es mejor que una sentencia", advierte el juez decano, que confía en que la Xunta encuentre una fórmula que permita implantarlo sin la participación del Colegio de Abogados.

Alfonso Rueda. El conselleiro de Presidencia explicó ayer lo sucedido antes de participar en el comité de dirección del partido. El Ejecutivo autonómico se desvincula del traslado del servicio previsto en Vigo para A Coruña y atribuye el cambio a la no participación de los abogados. "El proyecto depende de la voluntad de varias partes. Necesitamos que se implique el Colegio de Abogados y, si no lo hacen, hay que respetar su decisión", subrayó el popular. Rueda matizó, no obstante, que si "reconsideran su opinión, ahí estará la Xunta para apoyarlos" para poner en funcionamiento una dotación solicitado por los jueces y la Fiscalía Gallega.

Abel Caballero. Más escueto fue el alcalde de Vigo a la hora de valorar la situación. "Sería bueno tenerlo en la ciudad", resaltó el socialista, quien se compromete a "hablar con las instituciones y colectivos implicados para abordar con tranquilidad el problema".

Antonio Díaz (Asociación de Pais e Nais Separados). El presidente del colectivo, Antonio Díaz, defiende la mediación "porque reduce el daño ocasionado a los hijos durante el divorcio y rebaja los procesos judiciales". Las familias insisten en su eficacia y recuerdan además que el proyecto se planteó a propuesta de la propia Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La asociación reclama como complemento a esta iniciativa que se desarrolle y aplique la ley gallega de mediación y combinan sus demandas con la presentación por Registro en el Parlamento de una proposición no de ley en apoyo de la custodia compartida como modelo preferente en las separaciones y divorcios.

Mario García (Apromega). La Asociación Pro Mediación de Galicia lamenta la noticia y apuesta por buscar "otras fórmulas" que permitan potenciar los servicios de mediación en el ámbito intraprocesal y en los estadios previos. Respecto a la postura adoptada por los letrados vigueses, el presidente del colectivo, Mario García, considera que "han sido coherentes. Éste no es un proceso meramente técnico, requiere formación y una creencia absoluta en su eficacia, así que es mejor que hayan sido sinceros y que entre todos intentemos buscar otra solución", asegura optimista.

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