Las denuncias contra viviendas y naves ilegales por vía penal se disparan y llegan a 70 en un año

M. FONTÁN La semana pasada un matrimonio se enfrentaba a un juicio por levantar sin licencia y en suelo rústico la casa prefabricada en la que habían invertido todos sus ahorros. La pareja, que aseguró desconocer que incurría en una ilegalidad, no sólo podría perder su hogar y el de su hija pequeña, ubicado en San Andrés de Comesaña: también se enfrenta a penas de prisión. Casos como éste, en los que familias acaban sentándose en un banquillo por incumplir la legalidad urbanística, están dejando de ser una excepción en los juzgados vigueses. Todo lo contrario. La Fiscalía alerta del aumento de denuncias penales contra particulares por realizar todo tipo de construcciones no autorizadas en terrenos calificados como protegidos. Unos pleitos que, si salen adelante, no sólo pueden acarrear una demolición. El castigo todavía es mayor, ya que la legislación contempla condenas que se sitúan entre los seis meses y los tres años de cárcel.
"Este tipo de conductas se han criminalizado por la ineficacia de la Administración para atajar esta problemática", resume tajante un magistrado. Y es que los casos de particulares –y también constructores o técnicos– que han atentado contra la legalidad urbanística levantando por ejemplo una vivienda sobre el cauce del río o un galpón en un suelo con valor paisajístico se enmarcan en el artículo 319 del Código Penal, que se introdujo en 1995 y que cada vez está teniendo más presencia en las salas de vistas. Al respecto las estadísticas no dejan lugar a dudas, ya que sólo durante el pasado año fueron más de 70 las denuncias tramitadas por los juzgados por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio tanto en Vigo como en concellos del entorno como por ejemplo Redondela. Un considerable aumento con respecto a 2008, cuando la cifra de demandas ya se situó en 54.

Causas

¿Las razones de este incremento? Aunque estas infracciones siempre existieron, en los últimos años se ha extremado la vigilancia en torno a ellas. La puesta en marcha de una fiscalía especializada en Urbanismo y Medio Ambiente permite investigar de forma más tenaz estas ilegalidades. Las causas de la proliferación de demandas también se pueden encontrar en las labores de control que realiza tanto la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística como la Guardia Civil. Pero en gran número de ocasiones el proceso penal no parte de ninguna de estas instituciones. Muchas denuncias registradas en Vigo las impulsan lo que la Fiscalía ha definido como "pleitista urbanístico". "Son particulares que se dedican a recorrer el territorio y a presentar estas denuncias", relatan fuentes del ministerio público. Fue precisamente uno de estos "profesionales" el que denunció al matrimonio del chalé prefabricado de Comesaña.
El Código Penal castiga, tal y como se establece en su artículo 319, a los que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. También a quienes lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable. "Puede ser desde un galpón para guardar paja a una roulotte si ésta se encuentra asentada sobre una cimentación, es decir con arraigo al suelo y vocación de permanencia", explica un experto jurista.
Frente a quienes opinan que llevar estos casos a un juzgado de lo Penal supone una excesiva criminalización de una infracción que debería resolverse en la vía administrativa, fuentes de la Fiscalía advierten de que cuando una persona construye en un suelo protegido su decisión es "insolidaria" con el resto de la sociedad y va en contra del medio ambiente. "Es un delito difícil de entender, pero hay que concienciarse; todo el mundo quiere una casa al lado de la playa o de un río, pero es necesario tener una ordenación y una lógica constructiva o acabaremos cargándonos el medio ambiente", razonan.
Cuando una denuncia llega a jucio y el magistrado dicta una sentencia condenatoria que incluye el derribo de la construcción, esta demolición no es fácil de llevar a cabo. "El juez de lo Penal se las ve y las desea, el proceso es difícil; en la Fiscalía solemos vincular la suspensión de la condena a que se lleve a cabo este derribo pero hay gente que prefiere ir a prisión que quedarse sin su casa", concluyen.