MARÍA LÓPEZ
La Consellería de Medio Ambiente pretende desbloquear el proyecto de la depuradora. Tras numerosos cruces de propuestas entre el Concello y la Xunta, Agustín Hernández ofrece costear de forma aplazada los 43 millones de IVA sólo si a cambio asume la titularidad y explotación de la planta del Lagares. De esta forma, la Xunta desembolsaría casi 170 millones (sumados a los 126 que ya tenía asignados). Así se lo transmite el conselleiro a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en un nuevo borrador de convenio enviado a Madrid el 30 de abril.
En una rueda de prensa ayer en Vigo, la delegada de la Xunta, Lucía Molares, acompañada de la presidenta de Augas de Galicia, Éthel Vázquez, afirmó que el gobierno gallego formula dicha solución tras recibir una carta de Espinosa en la que aprueba que la Administración gallega sea la propietaria de la infraestructura. "En atención a lo anterior y en los términos que con posterioridad se pacten, corresponderá a la Xunta de Galicia la titularidad de la explotación de la obra durante 45 años", reza la misiva, que recoge extractos del penúltimo borrador de convenio. En el último el ministerio modificó este párrafo y estableció que "una vez terminadas las obras y recibidas definitivamente serán entregadas a la Xunta que, a partir de tal momento, cederá las instalaciones al Concello de Vigo que se hará cargo, a todos los efectos, de las operaciones de conservación, mantenimiento y explotación".
Molares mostró su confianza por que el ministerio dé el visto bueno a la propuesta autonómica y pueda iniciarse la obra "cuanto antes". Pero para ello es necesario que el gobierno local desembolse los 10 millones de euros que le corresponden para las expropiaciones. El trámite corre a cargo de la Administración gallega. "Para poder llevar la declaración de utilidad pública de los terrenos al Consello de la Xunta es obligatorio, tal y como recoge la Ley de Expropiación Forzosa, una retención de crédito", expuso Ethel Vázquez.
"Falta de voluntad"
En este sentido, Lucía Molares apremió al alcalde a que consigne una partida presupuestaria para costear el suelo. "Caballero envió ayer [por anteayer] al conselleiro un convenio de octubre de 2008, –que no contempla cantidades– cuando se elaboraron otros después. Esto demuestra su falta de voluntad por llevar a cabo la depuradora", recriminó la delegada de la Xunta en Vigo, quien demandó al regidor socialista que ponga de su parte y "deje de pensar en próximas citas electorales" para que "a la quinta vaya la vencida" y se cierre la construcción de la planta.
Según la propuesta de convenio de la Consellería de Medio Ambiente, ésta soportaría 126 millones, de los cuales 19 corresponden a intereses al diferir el pago hasta 2024, más 43 del IVA; el ministerio desembolsaría 112 de fondos Feder y el Concello 13 en concepto de expropiaciones (los terrenos que ahora ocupa la actual planta están valorados en tres millones). La obra la ejecutaría Acuanorte –ente que depende del ministerio–, tal y como está fijado desde un principio, y al término de la misma se entregaría a la Xunta para que explotase la planta. En total, el proyecto rondaría los 276 millones de euros, "la mayor inversión en Galicia", ensalzó Molares.
Vázquez estimó que de las 156 depuradoras existentes en Galicia, unas 15 tienen su explotación en manos de la Xunta y en otras tantas el Gobierno autonómico se encarga de ejecutar la obra. "El caso de Vigo no es el único", señaló.
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