¿Quién tendrá que pagar las multas de la UE por contaminación a la Ría, de al menos 20 millones, si no se desbloquea con urgencia la construcción de la nueva depuradora? La posibilidad de que empiecen a caer duras sanciones se acerca ante la dificultad para solventar quién debe aportar los 40 millones de IVA de la obra, cuestión que impide el acuerdo, y Xunta y Concello empiezan a apuntarse con el dedo. Augas de Galicia, ente que depende de la Consellería de Medio Ambiente, ha remitido una carta al Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que advierte de que, aunque la resolución del Tribunal Europeo de Justicia que originó la sanción condena al Reino de España, "se le exigirá [al Concello] la responsabilidad que le corresponda", ya que "las entidades locales también están obligadas por el derecho comunitario". Debería, por tanto, correr como mínimo con una parte del coste, según se desprende de la misiva. El texto, firmado por el subdirector de Proyectos, recuerda que en 1998 se cedió a la Administración municipal la gestión de la planta del Lagares, por lo que "desde ese momento asumió la responsabilidad directa de las consecuencias jurídicas, ya sea administrativas o penales, que se puedan derivar de una explotación incorrecta".
Caballero sostiene que la Lei de Rías aprobada en el gobierno de Manuel Fraga deja claro que es la Xunta la que tiene "la competencia exclusiva", y advierte de que, con el deficiente saneamiento, el Gobierno gallego "atenta contra el medio ambiente". Aunque el alcalde no lo aclara, ésta podría ser la base legal en caso de recurrir a los tribunales contra la consellería, como amenazó con hacer el pasado lunes si no paga el IVA de la obra. "Los van a fundir a multas de 20 millones cada seis meses, porque el Gobierno de España se lo descontará en las transferencias de fondos del Estado", sostiene Caballero. El regidor replica que cuando la Xunta cedió la planta del Lagares "lo hizo libre de cargas", y acusa al Gobierno de "agredir la ley e insultar a Vigo".
Tratamiento deficiente
La depuración actual incumple la ley, según expone el subdirector de Proyectos de Augas en su carta. Las auditorías realizadas concluyen que un tercio del caudal que llega a las instalaciones del Lagares recibe sólo un tratamiento primario, y debería realizarse como mínimo uno posterior. En consecuencia, esta agua mal depurada, 46 millones de litros diarios, va a parar directamente a la Ría. El vertido es la principal causa de contaminación marina, y la construcción de una nueva infraestructura, la única solución posible.
La consellería esgrime que existe una "corresponsabilidad interna" en caso de que la UE imponga las multas millonarias, con lo que "para el caso de incumplimiento de las obligaciones que les incumban, se exigirá a las entidades locales la responsabilidad que les corresponde". El subdirector, Roberto Arias, concluye requiriendo al Concello "la indispensable colaboración, e instando a que asuma sus responsabilidades a fin de resolver la situación actual de bloqueo de la licitación".
Caballero desacredita la misiva y reprende a la Xunta por situarse "en la desfachatez y alevosía política, con la mayor muestra de descaro político en muchos años". Los argumentos que se esgrimen, mantiene, resultan "arbitrarios" y "no resisten el mínimo análisis".
La sentencia condenatoria del tribunal europeo derivó en la multa de Bruselas al Estado. La Xunta cita el principio de "corresponsabilidad", ya que el saneamiento está transferido y todas las administraciones, desde la central a la local, participan de una u otra forma en la construcción y gestión de depuradoras. En Galicia el Ministerio de Medio Ambiente aporta el 85% del coste de la infraestructura en A Coruña, Santiago y el Louro, y el 100% en Ourense. Para la de Vigo pone 112 millones de fondos europeos. La carta de Augas señala un factor concreto que involucra al Gobierno estatal en la ciudad olívica, ya que es Acuanorte, un organismo dependiente del ministerio que dirige Elena Espinosa, el que se encarga de la licitación y la ejecución de la infraestructura. El acuerdo se antoja muy complejo, la construcción de la depuradora está en el aire, y la Comisión Europea demanda pruebas de que se hará. De lo contrario, llegará la multa. Entonces habrá que determinar definitivamente quién paga.
