Una pareja con dos hijos menores derriba su propia casa en Candeán por orden judicial

E. O. Llamó a la pala de un "conocido" para que tirase los mismos muros que él había levantado con sus manos. Esa vivienda en la que invirtió unos 16.000 euros –de un crédito con el Banco Simeón, matiza– y muchas horas de trabajo. "No tenía otra opción. Era o sí, o sí. Y llegué a ese acuerdo con la fiscal", explica el propietario Antonio Freitas, gitano vigués de ascendentes portugueses. Acataba así, ayer, una sentencia judicial. De lo contrario, lo ejecutarían igual por la fuerza y le cobrarían el derribo. Sin salida y ante la "desesperación", Freitas decidió verla caer incluso dos días antes del ultimátum, que terminaba el día 21.
Con un despliegue mediático inusual en la parroquia de Candeán –acudieron dos televisiones a retransmitir en directo–, una excavadora se llevó por delante los ladrillos y el porexpan de los muros. Miradas atónitas y gargantas desgarradas de rabia de muchas mujeres del clan.
La familia de etnia gitana se completa con su esposa, Lourdes dos Anjos y dos pequeños de 4 y 10 años. ¿Dónde vivirán a partir de ahora? La respuesta estaba a pocos metros del derribo. Se mudarán a la caravana aparcada dentro de la finca, en la que comenzaron a vivir –precisamente– al hacer la casa. No se sabe muy bien si por miedo a la Fiscalía de Menores, o por respeto a la sensibilidad de los niños, los padres no quisieron que se quedaran allí.
"A ver cómo le explico yo esto a la niña de cuatro años, que nació aquí", se resentía el dueño de la parcela y autor de la ilegalidad. Por eso, a los niños se los llevaron sus tíos, Adrián dos Anjos y María Mimosa Pereira: "Tendrán que empezar más abajo que cero", aseguraron desde la puerta de una furgoneta.
En suelo rústico
La pequeña edificación se ubicaba en una finca vallada en la carretera (camino A Devesa, número 60) de Candeán. La familia de etnia gitana vivía allí desde hace unos ocho años, cuando compró los terrenos. En invierno, se dedican a reciclar palés y material de naves industriales –un negocio más boyante que la tradicional chatarra– y en verano, van de feria en feria con atracciones hinchables.
Esta vivienda, a la que el dueño llegó a instalar calefacción de forma artesanal, se encuentra en terreno rústico, según la denuncia efectuada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y no se puede construir. No tiene ninguna licencia pero, además, está a pocos metros de la mámoa del Chan dos Touciños. Se trata de un vestigio prehistórico mal conservado –cubierto de musgo– y sin señalizar, pero que goza con una protección especial.
También cerca de allí se localiza la sede de la Asociación vecinal de Candeán. Precisamente, el matrimonio culpabiliza a un vecino de las denuncias efectuadas, pero asegura que lo hizo a través de la asociación, con lo que habría mantenido el anonimato. Las puertas de la sede de ésta estaban cerradas ayer a mediodía, no obstante.
Siempre según el testimonio de los afectados, la sanción a la que se tienen que enfrentar por la construcción ilegal es de 1.800. Pero además, la sentencia incluye 21 meses de prisión substituibles por una multa. Un jaleo legal que comenzó hace unos tres años, reconocen.
Desde que se conoce en firme el desahucio por sentencia judicial, varios grupos de vecinos –entre ellos representantes de la Comunidad de Montes– se concentraron en solidaridad con el afectado.