El Concello reprocha a la Xunta "negligencia o mala fe" para eludir el IVA de la depuradora

J. PASTORIZA "Estaba muy claro desde el principio". El gobierno local mantiene que la Xunta quiere esquivar los 37 millones de IVA de la depuradora a pesar de que aparecía reflejado en todos los borradores de la negociación entre la Administración local, la autonómica y la central. Para el concejal de Urbanismo, José Mariño, el motivo de que la Consellería de Medio Ambiente rechace asumir el tributo obedece a dos posibles causas: "O fueron negligentes y no leen los convenios, o actúan de mala fe si dicen que no figuraba esa cláusula, porque está en todos los textos y nunca lo cuestionaron".
Mariño carga contra la propuesta que formuló el miércoles por carta el conselleiro Agustín Hernández a la ministra Elena Espinosa, en la que le propone asumir el IVA siempre que se le transfiera la licitación y explotación de la depuradora, presupuestada, si se incluye el impuesto, en 270 millones. El concejal esgrimió un correo electrónico con fecha de 9 de noviembre enviado por la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, al director general de Acuanorte –el ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que gestiona todo el proceso–, Vicente Sánchez Álvarez, en el que propone un cambio en la redacción del acuerdo. La modificación establece que la Xunta recibiría la depuradora al término de la construcción y la cedería de forma inmediata al Concello, mientras que el texto anterior señalaba que ambas administraciones aún deberían firmar un convenio que fijaría el cambio de titularidad para que pasase al Ayuntamiento. "Primero piden esta cláusula, y ahora quieren explotarla ellos. Es una actuación reprobable", lamentó Mariño.
La consellería, por su parte, defiende que nunca discutió que la titularidad debía ser municipal. Es ahora, momento en el que según Hernández se le reclama el IVA de la obra, cuando ofrece que la Xunta licite y explote la depuradora. De esta forma cobraría la tarifa, además de controlar la marcha de la obra, con lo que evitaría que se le imputase directamente el coste de los reformados que se realicen a lo largo de la construcción, una eventualidad frecuente en las grandes obras públicas que encarece el precio final de las infraestructuras. "No ponemos en duda que le corresponde al Concello gestionar la depuración, pero si quieren que paguemos esos 37 millones, la vía es que nos la transfieran", subrayan portavoces de la consellería.
Propuesta descartada
El alcalde, Abel Caballero, volvió a insistir ayer en que el Concello no traspasará a la Xunta la explotación de la macroplanta del Lagares, con lo que se cierra la vía a la propuesta de Hernández a Espinosa, ya que la decisión es exclusivamente municipal. "No vamos a renunciar a nuestras competencias", advirtió el regidor, quien considera que si la Xunta gestiona la instalación "gravará el coste de la obra en el recibo de los ciudadanos".
Hernández, que ayer visitó la feria de la construcción de Galicia (SICO) que se celebra en el Ifevi, reiteró que, si no se le traspasa la infraestructura, abonará los 126,7 millones que figuran en el plan de financiación del convenio. El conselleiro mantiene que en los borradores "no aparecía la necesidad de aportación a mayores".
Críticas de Vázquez
El portavoz del PSdeG, Manuel Vázquez, cargó por su parte contra la Xunta, a la que acusa de tratar de eludir "sus responsabilidades". El dirigente socialista resalta que a la Administración gallega le toca "por ley" construir la depuradora. "Hay una alcaldía que le cede los terrenos y el resto es un circo que está montando Feijóo y Agustín Hernández. Y por cierto, el conselleiro le debe a Vigo una reparación del desastre que cometió cuando construyó la depuradora actual", señaló, en referencia a que en 1998, cuando se inauguró la planta del Lagares, el conselleiro era director xeral de Obras Públicas con el gobierno de Manuel Fraga.
Vázquez agregó que la Xunta "tiene la suerte de contar con la colaboración del gobierno español que aporta 112 millones y le presta el dinero con pago aplazado", y aconsejó "que haga la depuradora pronto, o pagarán multas a Europa sin tener instalaciones en Vigo". Sobre el Estado español pesa una multa de la UE de 20 millones de euros por contaminación a la cría de moluscos. La nueva planta de tratamiento es la obra clave para evitar la sanción. "Ni Vigo ni Galicia se merecen que la joya de la Ría siga teniendo esta carga contaminante. El proceso lleva ya mucho retraso. El convenio quedó para firmar el día que nos marchamos, y llevan un año retrasándolo", lamentó. La previsión inicial de la Xunta, cuando el propio Vázquez era conselleiro de Medio Ambiente con el gobierno bipartito, era que la macrodepuradora, proyectada en el entorno de la actual al lado de la desembocadura del Lagares, estuviese acabada en 2011.