La Xunta ofrece pagar el IVA de la depuradora si la gestiona y Espinosa le advierte con retirar los fondos

J. PASTORIZA La nueva crisis sobre la financiación de la depuradora, provocada esta vez por el pago de los 37 millones de IVA de la obra, va camino de convertirse en la más grave de todas, y el tiempo se agota. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, advirtió ayer de que retirará los 112 millones de fondos europeos asignados a la infraestructura si no hay acuerdo ante el riesgo de que se pierdan por incumplimiento de plazos. Sus portavoces, además, criticaron duramente la negativa de la Xunta a asumir el impuesto ya que, afirman, el Gobierno gallego sabe "desde el primer día" que es su competencia. "Con propaganda y mentiras no se va a construir", avisan. El conselleiro Agustín Hernández, por su parte, ha enviado una carta a la ministra en la que lamenta que "cada vez que se resuelve una de las incidencias, aparece otra que bloquea el teórico acuerdo". Para solventar el problema del IVA propone que se transfiera a la Xunta los fondos europeos y la futura explotación de la planta, con lo cual la construiría pero también cobraría la tarifa por depuración. De lo contrario mantendrá la aportación de 126 millones que comprometió.
Todas las partes implicadas rechazan poner más dinero tras los sucesivos conflictos sobre la financiación en los últimos diez meses, que ya parecían desbloqueados. El Ministerio de Medio Ambiente aporta 112 millones a través de los fondos Feder de la UE, y Espinosa subraya que "la disponibilidad temporal es limitada". Por si no quedase claro el significado de sus palabras añade que "si las administraciones no cierran totalmente el acuerdo en las próximas semanas, el Estado se verá obligado a retirar esos fondos en previsión del riesgo de perderlos". Portavoces del ministerio señalan que existe un acta de la comisión de seguimiento del convenio de financiación con fecha de noviembre de 2009, –ya con el PP en el gobierno de la Xunta–, en la que se "recuerda" la obligación de la Administración gallega de pagar el IVA. Por tanto, añaden,"no puede alegar desconocimiento", o si lo ignoraba "significaría una grave dejadez de responsabilidad". El impuesto, argumenta, es responsabilidad "a todos los efectos" del Ejecutivo autonómico, ya que la obra se tramitó según la Ley de Rías, que establece que la competencia es de la Xunta.
Titularidad municipal
Hernández maneja otra consideración: la propiedad del suelo y de las instalaciones, además de la explotación, son del Concello. "La Administración Hidráulica –Augas de Galicia, dependiente de su consellería– no la explota, no es responsable de su gestión, ni cobra por la prestación del correspondiente servicio, por lo tanto no es planteable que la obra se entregue a la comunidad autónoma una vez finalizada, a no ser que el Ayuntamiento de Vigo ceda la explotación", expone el conselleiro en su carta. La Xunta recibiría, según este planteamiento, los 112 millones de Europa y los terrenos, que debe poner el Concello. A partir de ahí se encargaría de "la tramitación, licitación, ejecución y posterior explotación", puntualiza.
De lo contrario, la Administración gallega aportaría los 126,7 millones que figuran en el epígrafe del convenio "Financiación y forma de pago". El IVA está reflejado de forma somera en el apartado "Recepción y entrega de la infraestructura hidráulica", ya que es al terminar la obra cuando debe abonarse.
Críticas del PSdeG
La portavoz del PSdeG en materia de Medio Ambiente, Carmen Gallego, acusó por su parte a Hernández de "ir de campeón rompiendo todos los acuerdos" y de "intentar impedir la construcción de la depuradora de Vigo".