La Xunta exige a Vigo que pague 40 millones del IVA de la depuradora y se rompe el pacto

MARÍA LÓANAPEZ El proyecto de la nueva de la depuradora, que parecía avanzar, sufrió ayer un serio revés. Tras alcanzar un acuerdo entre Xunta, Concello y ministerio sobre el convenio de la planta del Lagares –que pasa por rebajar a 230 millones de euros el presupuesto y solucionar la controversia por la acometida eléctrica–, el consenso entre las administraciones se ha roto. Después de aceptar la semana pasada la propuesta de la ministra Elena Espinosa, la Consellería de Medio Ambiente propuso cambios en el borrador del texto al considerar que el Concello de Vigo debe recibir la la obra y, por ello, asumir el IVA, una cantidad que rondaría los 40 millones de euros (que se sumarían a los 230 del coste de la depuradora), en función del porcentaje vigente (en la actualidad es un 16%) en el momento de la recepción de los trabajos.
Desde el inicio de la tramitación, hace varios años, los diferentes convenios elaborados fijaban que el Gobierno gallego costearía este tributo, puesto que sería la administración titular de la nueva planta, y ha sido la encargada de aprobar tanto el anteproyecto como las propiedades afectadas.
Técnicos de Augas de Galicia, AcuaNorte y responsables del gobierno vigués se reunieron ayer para encajar el nuevo convenio aparentemente consensuado por todas las partes implicadas. "Lo que nos propone la Xunta es totalmente ilegal; el Concello no puede recepcionar las obras al término de las mismas porque el Gobierno gallego ha sido el responsable de aprobar todas las fases de la tramitación", advierte el concejal de Urbanismo, José Mariño, presente en el encuentro técnico.
El gobierno municipal rechaza de forma tajante la propuesta autonómica y recalca que "Vigo pondrá los terrenos, tal y como se había acordado, que es lo mismo que aportan otras ciudades de Galicia en estos casos". Mariño insta al Ejecutivo autonómico a que "regrese al convenio propuesto por el ministerio", que fija un desembolso por parte del gobierno local de 13,6 millones (incluidas las expropiaciones), la consellería aportaría 126 (104 más los intereses del pago aplazado) y el Gobierno central 112, que procederían íntegramente de fondos Feder.
En el hipotético caso de que el Concello aceptase recepcionar las obras y pagar el IVA de las mismas, "la tramitación tendría que partir de cero y pasarían al menos cuatro años para volver a la situación actual", señala el edil socialista. "Sería una irresponsabilidad por parte de la Xunta que permitiese repetir el proceso", alerta.
Aparte de la demora que provocaría la aceptación de la nueva propuesta autonómica, "también se perderían los 112 millones de la Unión Europea, que establecería una sanción millonaria por el incumplimiento", advierte el edil. Desde el gobierno local consideran que en realidad la Consellería de Medio Ambiente "no quiere hacer la depuradora". "Esto es un claro intento de no apostar por Vigo", resume Mariño.