El convenio de la depuradora precisa informes de Patrimonio y Hacienda antes de su firma

REDACCIÓN Patrimonio del Estado y el Ministerio de Economía y Hacienda deben realizar sendos informes sobre el convenio que servirá para adjudicar la obra y el proyecto de la nueva depuradora del río Lagares.
Dos trámites administrativos que se iniciarán lo antes posible y que no deberían demorar en exceso el tiempo para la firma del documento entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Xunta y el Concello. Fuentes del ministerio indicaron que “la contestación afirmativa de la Xunta se recibió todavía en Madrid el pasado día 5, por lo que los trámites deben seguir su curso”.
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, manifestó el pasado miércoles en el Parlamento de Galicia que “estaba a la espera” de que el ministerio pusiese fecha para la firma. No obstante, el proceso de tramitación que exige la ley retrasará la rúbrica del documento.
“Pese a ello, estimamos que todo estará listo en breve”, señaló el portavoz del departamento de dirige Elena Espinosa, que insistió en que el proyecto sigue siendo prioritario, al tiempo que señalaba: “Si alguien se ha preocupado de resolver este problema para la ría de Vigo es precisamente el ministerio”.

Área metropolitana

Mientras, otro de los proyectos que están pendientes para Vigo, el proyecto de ley del área metropolitana, sigue su curso, aunque de forma más lenta de lo previsto al inicio del mandato del actual Gobierno gallego.
La Dirección Xeral de Administración Local citó ayer a los catorce concellos que integrarán inicialmente el área para aunar los criterios previos a la redacción del texto.
Fue una reunión técnica a la que habían sido llamados los secretarios e interventores municipales de los catorce ayuntamientos. El objetivo, según fuentes de la Consellería de Presidencia, era coordinar los datos económicos, de población y de desarrollo que deberán aportar todos los concellos, a fin de que los técnicos del departamento de Rueda lleven a cabo el trabajo que servirá de base para la redacción del proyecto.
“Es algo que ya se le había solicitado hace meses a los ayuntamientos, cuando los visitó, uno por uno, el director xeral, pero hasta ahora pocos contestaron, y no lo hicieron de forma homogénea”, señaló el mismo portavoz.
El calendario con el trabaja el Gobierno gallego es que el proyecto de ley pueda aprobarse antes de que concluya la actual legislatura. La fecha precisa rondaría principios de 2012.