La Autoridad Portuaria remite al Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo las actas de todos los Consejos de Administración celebrados desde enero de 2004. La magistrada que ordenó paralizar la ampliación del muelle de Areal solicitó información por escrito de las decisiones adoptadas por el Puerto en estos seis años para ratificar que la tramitación de los trabajos se ajusta a derecho. Tras regresar de un viaje comercial a Pernambuco, Corina Porro se mostró dispuesta a colaborar para intentar acelerar el proceso y continuar con las obras lo antes posible.

Prevé un plazo de cinco a seis meses hasta obtener una resolución definitiva, por lo que urgió de nuevo a la magistrada a que autorice la intervención en Areal para proteger las obras ya ejecutadas. "Redactamos un proyecto y seguimos esperando contestación", resaltó la presidenta portuaria, que confía en que "con todos los datos sobre la mesa, se den cuenta del gravísimo perjuicio ocasionado a la economía de Vigo y de Galicia".

Porro mostró su satisfacción con el requerimiento judicial, pues no entendía que "no se nos pidiera documentación" para esclarecer los hechos por los que se mantiene imputada a la directora general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y a los órganos de gobierno del Puerto.

Su máxima responsable hizo ayer balance del contencioso entre Concello y Puerto respecto a la nave de cableros, cuya situación "podría resolverse en el plazo de tres meses". Éste es el margen con el que trabaja la Autoridad Portuaria para desbloquear su proyecto de construcción de una fuente cibernética en el muelle de trasatlánticos, donde la retirada de escombros ha dejado a la vista los silos del antiguo depósito. El Puerto tiene autorización para desmontar toda la estructura con la obligación de precintar posteriormente la zona hasta que la justicia determine si la actuación es legal.

La imagen ofrecida por el muelle de trasatlánticos fue analizada ayer por el Consejo de Administración, donde se informó de la recuperación por parte del Puerto de una parcela de 1.200 metros cuadrados frente al Mercado de Bouzas y destinada a usos educativos. Estaba cedida en régimen concesional a la Xunta y Porro anunció ayer que se iniciaron los trámites para cedérsela a la asociación Amencer para un centro que atienda a personas con parálisis cerebral que ahora se tienen que desplazar hasta Pontevedra.