A. M.
La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública formalizó ayer por escrito su rechazo al modelo de financiación mixta del nuevo hospital de Vigo presentando una batería de 16 alegaciones al plan de viabilidad económico-financiera del proyecto, expuesto al público desde el pasado 26 de enero y que eleva el coste final de la infraestructura a más de 900 millones de euros hasta 2030. El colectivo prevé importantes dificultades de gestión y organización en el complejo de Beade debido a la necesidad de coordinar personal público y privado, procedente de los servicios no sanitarios que gestionará una concesionaria los próximos 20 años.
Sus miembros aprovecharon la entrega de documentación para protestar delante de la sede del Sergas, en García Barbón, contra la “esquizofrenia jurídica, laboral y organizativa” a la que a su juicio se verá sometida la plantilla por la decisión de recurrir a financiación privada para construir el hospital. Uno de los puntos que más preocupa a la plataforma es que la Xunta “siga sin justificar el aumento de costes ni el cambio hacia un modelo mixto y permita que una misma empresa se beneficie “de una doble fuente de ingresos: el canon anual que abonará Sanidade –entre 40 y 50 millones de euros– y los beneficios de la gestión de servicios no sanitarios”, criticaba ayer José Manuel Fernández, uno de sus miembros.
“Sin carácter público”
El grupo, integrado por profesionales, sindicatos, la federación de vecinos, PSOE, BNG y las asociaciones Vigo por Vigo, Outro Vigo é Posible y en Defensa de la Sanidad, advierte en sus alegaciones que “un mínimo análisis de la concesión desmiente el carácter público de los servicios sanitarios más allá de la formalidad nominal”. Alerta además del “perjuicio” para los recursos económicos de los ciudadanos que supondría “dejar en manos privadas la explotación de uno de los mayores aparcamientos de vehículos de Galicia”, destinado a los pacientes y al personal del complejo hospitalario
Estos son sólo algunos de los puntos del plan de viabilidad que preocupan al colectivo vigués, junto a la doble dependencia del personal contratado por la empresa, las condiciones de rescate de la concesión o la falta de estudios alternativos sobre los costes de una posible renegociación del acuerdo en caso de quiebra económica de la constructora.
La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública considera además “falsa” la división entre actividades sanitarias y no sanitarias que realiza la Consellería de Sanidade y la tilda de “subterfugio que violenta la integralidad del servicio público”. Temen además que la concesionaria responda a criterios meramente económicos con medidas de contención del gasto o recortes de personal y de calidad.
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