Un auto judicial emitido por el Juzgado de lo Constencioso-Administrativo número 1 de Vigo en respuesta al recurso de reposición presentado el pasado día 8 por la Autoridad Portuaria ordenó que se mantenga el precinto efectuado por el Ayuntamiento de la ciudad olívica en la nave de cableros del muelle de transatlánticos en la que las autoridades del puerto pretendían construir una fuente cibernética.
Igualmente, el documento, emitido ayer, establece la obligación de retirar los escombros que generó el derribo del inmueble y que se encuentran depositados "a la intemperie", ya que podrían suponer un riesgo para el medio ambiente y para las personas debido a los materiales de los que se componen.
Tras informar hoy en rueda de prensa de la recepción de este auto, el concejal de Urbanismo, José Mariño, se mostró "satisfecho" por la decisión judicial, a la que manifestó su "apoyo", y subrayó la la "idoneidad" de que el recinto continúe precintado hasta que se produzca una resolución firme sobre el caso porque a su juicio el Ayuntamiento no se puede "fiar".
Así, el Consistorio dio orden a la Policía Local para que permita recoger los escombros de la parte demolida de la nave --lo cual había sido solicitado por la Autoridad Portuaria-- y, posteriormente, apuntalar la estructura que se mantiene en pie. Al respecto, Mariño exigió un "control medioambiental masivo" y calculó que los trabajos podrían prolongarse durante un mes.
Asimismo, comunicó que el juzgado ha citado para mañana a representantes de ambas partes con el objetivo de, según recoge el auto, "ser oídos sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada".
Informes previos
El edil socialista recordó que su departamento ya había emitido informes que valoraban la actuación sobre el inmueble como "completamente ilegal" y que impedían la recogida de los restos demolidos. Además, desveló la existencia de otro documento de la Gerencia de Urbanismo que "hace hincapié" sobre los métodos utilizados para derribar la nave.
En él, se indica que éstos "no han sido los adecuados" porque se optó por "descalzar" el edificio para que caiga por su propio peso, lo cual resultara "impredecible", en lugar de haber sido derribado desde arriba hacia abajo.
El BNG exige que se cumpla la ley
Por su parte, el teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, señaló que "hay que cumplir la legalidad" y que la Autoridad Portuaria "tiene que respetar" que sea "preceptiva" la disposición de una licencia.
Además, apuntó que "los ciudadanos empiezan a estar hartos" de que se produzcan "peleas" entre el Ayuntamiento y el puerto y mantuvo que éstas tienen lugar porque "porque se está utilizando" esta última institución "como trampolín político", por lo que opinó que "no se está jugando limpio con el puerto".
El PP denuncia una persecución
Mientras, el portavoz del Partido Popular, José Manuel Figueroa, denunció que se está llevando a cabo una "persecución" contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, y criticó que se ejecuten obras como la nueva estación de tren de Guixar "sin licencia" al ser considerada "de interés general" y que las actuaciones en el puerto no tengan la misma categoría.
Figueroa alegó que "una obra beneficia al transporte ferroviario y otra al portuario" y pidió un trato igualitario para todos los proyectos de la ciudad y que no se caiga en la "complacencia desmedida" hacia ciertas obras porque "detrás está el señor (José) Blanco".
