La integración laboral de las personas con discapacidad sigue en manos de los colectivos que los agrupan. Sólo uno de cada trece vigueses con problemas de movilidad, sensoriales o intelectuales ha encontrado trabajo en la administración. El resto se asienta en el sector privado gracias a los convenios que media docena de asociaciones tienen vigentes con empresas de limpieza, supermercados, negocios hosteleros o colegios, y a los que se han sumado más recientemente conserveras, multinacionales y grandes firmas como PSA Peugeot-Citroën.

La situación mejora entre el empresariado local, pero el empleo público "sigue estando vedado para la mayoría de estas personas al no ser obligatoria la adaptación curricular del temario de las oposiciones", detalla María del Carmen Iglesias desde la Fundación Once. El grupo lleva once años trabajando por la integración laboral de los discapacitados y ha conseguido un sueldo fijo a 283 personas en negocios del municipio.

El Estatuto Básico del Empleado Público obliga desde 2007 a las administraciones a reservar al menos el 5 por ciento de su oferta pública de empleo (OPE) a personas con discapacidad, pero al no estar obligados a adaptar los exámenes a las necesidades especiales del colectivo, en la práctica, los destinatarios de estas plazas no pueden acceder a ellas. Sólo en casos excepcionales lo consiguen, como ocurrió el pasado año con un operario de talleres del Puerto de Vigo, o con las cinco personas (de las 8 plazas ofertadas) que en 2005 superaron los exámenes de acceso a la Administración Local. Se convirtieron en los primeros funcionarios municipales con discapacidad y a la espera de que se incorporen los de la convocatoria de 2008 representan un 0,5 por ciento de la plantilla, pese a que la Ley de Función Pública estipula que se debe alcanzar un 5 por ciento.

Ninguna administración cumple, pero la que está más cerca es la delegación de la Xunta, con una veintena de funcionarios con necesidades especiales que representan en torno al 4 por ciento del total (unos 590 trabajadores). Están distribuidos por casi todos los departamentos, aunque casi la mitad, nueve, fueron destinados a Facenda. Los demás se reparten entre las oficinas de Traballo (4); Presidencia (4); Consumo (2); Sanidade (1) y Mar (1), según los últimos datos de los que dispone el Gobierno gallego.

Pequeña parte

De forma conjunta, Concello, Xunta y Puerto emplean a 26 personas, frente a las 340 a las que consiguieron trabajo sólo entre cinco de los colectivos más activos de la ciudad, por lo que la cifra podría ser mayor. Al amplio grupo con el que colabora la Fundación Once se suman los 31 contratos que tiene vigentes Down Vigo en firmas como McDonalds, Transportes Tipsa, Eroski, Linorsa, Decathlon, Alcampo, Colegio Atlántida, Conservas Cerqueira, Carrefour, Sanitas, Moldes, Pizza Móvil, Burger King, Urbaser, FCC o Eurodental.

La Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspanaex) tiene a dos personas contratadas por la empresa que les gestiona su comedor, mientras que la Federación ASPACE-Galicia, que atiende a personas con multidiscapacidad, colabora con una docena de empresas de comunicación, limpieza y hostelería en las que firmaron contratos para siete asociados. Todos piden más oportunidades para el colectivo y reclaman también unas listas del paro para discapacitados.