A. MÉNDEZ
El gobierno catalán profundiza en la reordenación de su territorio hacia la costa con la aprobación del Área Metropolitana de Barcelona. La normativa debe superar ahora el filtro del Parlamento y se prevé que entre en vigor después de las elecciones municipales de mayo de 2011. Tras años de "semivacío" legal desde la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona en 1987, Cataluña dibuja un nuevo organismo supramunicipal que tiende a potenciar la ciudad condal como motor económico y que asumirá competencias en urbanismo y transportes. Además, absorberá las atribuciones de la Mancomunidad de Municipios y las Entidades de Transporte y Medio Ambiente que existen actualmente. Gestionará un territorio con 3,2 millones de habitantes y uno de sus más ambiciosos objetivos será la aprobación de un plan de urbanismo común para los 36 municipios que aglutina.
Ámbito territorial. El organismo engloba 36 ayuntamientos de la conurbación de Barcelona. El nuevo mapa se dibuja con Tiana y Begues en los extremos norte y sur y con Castellbisbal como límite interior. Su delimitación puede ser modificada por ley en el Parlamento. El organismo gestionará servicios públicos para 3,2 millones de habitantes, más de la mitad de la población de Cataluña. Asume la titularidad de todos los servicios, medios materiales, financieros y personales, así como los derechos y obligaciones de la Mancomunidad y las otras dos entidades que se extinguen.
Organización. El organismo estará regido por un consejo metropolitano y contará con un presidente, junta de gobierno y una comisión de cuentas. Su brazo ejecutivo será el Consejo metropolitano, integrado por 90 consejeros. Los alcaldes de los municipios unificados serán miembros natos y luego cada ayuntamiento nombrará a sus representantes en función de su peso poblacional. Barcelona tendrá derecho a 25 puestos en el consejo; a cuatro las localidades de más de 100.000 habitantes; a tres las de 75.000 a 100.000 vecinos; a dos los municipios de 20.000 a 75.000 censados; y a uno las poblaciones que tengan menos de 20.000 habitantes. La entidad estará presidida por uno de los 36 alcaldes y será elegido por votación.
Competencias. El área metropolitana asumirá competencias en promoción económica exterior y las urbanísticas que pueden ejercer ahora los entes locales. Con este fin se creará una comisión de urbanismo de ámbito metropolitano que será paritaria entre el gobierno autonómico y el área metropolitana. Absorbe además las atribuciones de las tres entidades que desaparecen: transporte y movilidad, aguas, residuos, medio ambiente e infraestructuras. En materia urbanística, su principal reto será alumbrar un plan director urbanístico metropolitano donde podrá reservar suelo para las actuaciones necesarias para el desarrollo del área metropolitana. Además, dispondrá de políticas propias de suelo y vivienda. El área tendrá también que ordenar el transporte público de viajeros en superficie, salvo el sistema tranviario, y el transporte subterráneo, además de coordinar el servicio de taxi y aprobar un plan metropolitano de movilidad entre los municipios. La coordinación de los sistemas municipales de recogida de residuos será otra de sus competencias, junto con la formulación de una agenda 21 de desarrollo sostenible de aplicación para todos los miembros.
Financiación. Los servicios metropolitanos se sufragarán con aportaciones económicas de los ayuntamientos en función de sus habitantes, tasas específicamente establecidas como contraprestación a los usuarios y tarifas de los propios servicios que podrán gestionar empresas públicas o hacerlo a través de concesionarias. Otros ingresos previstos por el organismo son los procedentes de su patrimonio, el recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuotas urbanísticas por la ejecución de obras, multas y transferencias de la Generalitat por los servicios gestionados, además de la captación de fondos de la UE para proyectos concretos.
?Gestión de infraestructuras. El Consejo metropolitano asumirá además la gestión de las Rondas de Barcelona, incluido el alumbrado público, y se creará una comisión mixta para el traspaso de competencias desde el Consell Comarcal del Barcelonés.
Personal. La plantilla de las tres entidades que desaparecen se integra como personal propio del Área Metropolitana de Barcelona, que luego se completará con personal propio.