Un mes para limar asperezas

M.F. Los conflictos son una constante en los procesos de separaciones y divorcios. Tanto, que son muchos los juristas que aseguran que cuando estas rupturas llegan a las salas de vistas se ve “lo peor de la condición humana”. Con el objetivo de evitar que se discuta por lo más nimio en unos procedimientos en los que suele haber hijos de por medio, los juzgados vigueses dispondrán este año de un servicio de mediación para intentar resolver de la forma más amigable posible estos conflictos familiares e impedir que lleguen a juicio. Un proyecto que acaba de recibir un importante impulso en la comisión mixta que se celebró esta semana entre la Fiscalía y la Xunta: el Gobierno gallego informó de la voluntad de implantarlo tanto en la ciudad olívica como en Ourense.

Creación

En el caso de Vigo, aún hay muchas incógnitas. La fecha de su creación está pendiente de la aprobación final de la Xunta y también habrá que buscarle sitio en unos edificios judiciales saturados por la falta de espacio. Pero ya se conocen algunas directrices básicas sobre este servicio, que ya funciona con éxito en Santiago y que consistirá en un equipo formado por un psicólogo y un abogado que trabajarán en colaboración con los dos jueces de Familia y los fiscales de la ciudad, que serán quienes les remitan los casos que se puedan derivar a la mediación.
La previsión es que el servicio funcione dos días a la semana –en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde–. La duración máxima del proceso de mediación será de un mes: sólo se podrá prorrogar treinta días más si existen razones justificadas para ello, según la Fiscalía Superior de Galicia. “Es una iniciativa que no sólo beneficiará en los procesos de divorcios y separaciones, sino también en las ejecuciones que se deriven de estas rupturas: los regímenes de visitas de los hijos, los horarios de entrega de estos niños, las pensiones; lo que se quiere es evitar que un desacuerdo de 50 euros en la cantidad que un progenitor debe entregarle a su hijo acabe siendo objeto de un pleito”, afirman fuentes del Ministerio Público.
Son cuatro los “principios esenciales” en los que se basará esta iniciativa, que en la experiencia pionera en Santiago logró llegar a casi treinta familias en sólo seis meses. El primero es que serán los litigantes los que, voluntariamente, deben aceptar o rechazar la mediación. Además, los profesionales tendrán que garantizar tanto la confidencialidad de lo que se aborde en las reuniones –sólo se informará sobre la consecución o no de un acuerdo– como la igualdad entre las partes. “Cualquier indicio de violencia o intimidación llevaría a interrumpir el proceso negociador”, explican. Finalmente, en caso de acuerdo, estos se homologarán mediante la entrega a las partes del documento que lo acredite, previa información al juez.