CH. GARCÍA
La reforma de la carretera entre Vigo y A Ramallosa comenzará en los primeros días de marzo, de acuerdo con el nuevo calendario establecido por la Consellería de Infraestructuras. Su titular, Agustín Hernández, había presentado, el último día de noviembre del año pasado, las líneas generales del proyecto, que aparcaba definitivamente el carril bici que había planeado el anterior bipartito en la Xunta y que provocó un enorme rechazo por parte de los afectados.
Desde la fecha de presentación los técnicos de la consellería –en colaboración con la empresa adjudicataria de las obras– trabajan en la adaptación del viejo proyecto a las nuevas directrices. Éstas pasan por acortar la anchura de la calzada de siete a seis metros, así como la construcción de dos arcenes con mayor anchura que los actuales –para que puedan circular las bicicletas con mayor seguridad que hasta ahora– y humanizar uno de los márgenes con aceras que sirvan de paseo y separadas de la calzada por jardineras.
Mientras los técnicos ultiman el proyecto definitivo, la consellería asegura haber informado ya a los vecinos afectados por la reforma del vial, a fin de que conozcan lo que se va a construir.
Los técnicos tendrán listo el proyecto en dos o tres semanas, por lo que a continuación se podrán iniciar las obras. Éstas comenzarán por los tramos que no necesitan de expropiación de terrenos a particulares, es decir las que ya son propiedad de la propia Xunta.
Por ese motivo, al tiempo que comienzan las obras por esos tramos –los lugares exactos se conocerán en cuanto se acabe de adaptar el proyecto técnico – se iniciarán los expedientes de expropiación a los dueños de fincas que resulten afectadas.
La reforma del vial, de acuerdo con los plazos marcados inicialmente, podrá estar completamente terminada a finales del verano de 2001, aunque habrá algunos tramos que lo estén antes de esa fecha.
El coste estimado de la obra es de 22,6 millones de euros. A esa cantidad habrá que añadir los 1,8 millones que la consellería destinará a las expropiaciones de terrenos particulares. El número de expedientes de ocupación ascenderá a 295, frente a los más de novecientos que había en el anterior proyecto. Una reducción del 75 por ciento, según la consellería.
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