MARÍA LÓPEZ
La aparición y la posterior proliferación hace unos meses de vendedores ambulantes en el entorno de Príncipe y Urzáiz traen de cabeza a los comerciantes del centro. Denuncian la pasividad del Concello a la hora de controlar esta práctica ilícita, ya que "la Policía solamente les dice que se marchen", señala el gerente de Centro Príncipe, quien reclama la necesidad de decomisar la mercancía para erradicar la venta ilegal de las calles de la ciudad.
Pese a todo, los minoristas no culpan a los ambulantes (la mayoría inmigrantes) al considerarlos "víctimas" de algunos bazares, "que son los que se aprovechan de ellos y los que le suministran los productos". Los comerciantes reconocen que los medios policiales en Vigo "son limitados", pero no están dispuestos a tirar la toalla hasta que se consiga eliminar la venta ambulante de la "milla de oro" viguesa, como ya ocurrió recientemente en la Estación de Ría y en la calle de las Ostras. El portavoz de la asociación de comerciantes del Casco Vello, Anxo Méndez, afirma que "el problema ya está solucionado en A Pedra, donde actualmente sólo se vende en el mercadillo legal, en la Baixada ao Forte".
El gerente del comercio de Príncipe recuerda que "en Gran Vía siempre hubo venta itinerante de bolsos y carteras, pero ahora se ha expandido al entorno de la farola de Urzáiz y ya contabilizamos hasta once puestos, la mayor parte de paraguas", señala Enrique Núñez.
Estima que la venta ambulante provoca un 40% de pérdidas para los establecimientos comerciales del centro. "Ellos no pagan ni IVA, ni seguridad social, ni nada. Es una auténtica competencia desleal e ilegal. Es cierto que no son los verdaderos responsables, porque hay quien se aprovecha de su situación", expresa Núñez.
De ahí que los gerentes de las zonas urbanas de Galicia, que suelen reunirse en Vigo, estén estudiando una propuesta para trasladarla a la Xunta y que beneficiaría a los inmigrantes que recurren a la venta ambulante para ganarse la vida. "Aún no está nada cerrado, pero estamos sopesando que sea la Dirección Xeral de Comercio la que conceda microcréditos de cantidades que rondarían los 3.000 euros para que estas personas puedan abrir negocios legales. Al carecer de una nómina y de papeles, los bancos les deniegan cualquier tipo de préstamo. Con esta idea se crearían puestos de trabajo", explica el gerente de Centro Príncipe.
Por su parte, el Concello justifica su labor en el intento de erradicar la venta ilícita en la vía pública porque "hay controles policiales disuasorios", aunque reconoce que en ningún caso se decomisa la mercancía, sino que simplemente, los agentes "les dicen que se marchen". "Cuando doblan la esquina, los vendedores vuelven a instalarse", apostillan los comerciantes.
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