Tras años con la pretensión de colocar cámaras de videovigilancia en la calle para garantizar la seguridad de clientes y establecimientos, los comerciantes de Príncipe han decidido renunciar a la instalación de estos dispositivos en la milla de oro viguesa al considerar que “ahora no es una prioridad”. El gerente de Centro Príncipe, Enrique Núñez, sostiene que “el tema está aparcado” y que el Concello ha incrementado la presencia policial en la zona, “lo que ha permitido una reducción de hurtos y actos de vandalismo, como pintadas o alunizajes” en el vial más transitado de la ciudad.
Los comerciantes aseguran que el revuelo que se ha generado en torno a legalidad de instalar videocámaras en la vía pública no ha influido en su decisión. O Movemento polos Dereitos Civís ya denunció varios casos en Santiago y Vigo, al considerar que la grabación en la calle vulnera los “derechos fundamentales al honor, intimidad y a la propia imagen”. “Los informes jurídicos de nuestros abogados son favorables, pero en estos momentos no es un tema prioritario, por lo que está totalmente parado”, admite Enrique Núñez.
Hace más de dos años que el sector acordó con el gobierno local permitir cuatro cámaras en plena calle. Se trata de un pacto que nunca verá la luz a no ser que los minoristas vuelvan a presentar una petición en el Concello y que sean ellos mismos los que asuman la financiación del proyecto, según afirmó el concejal de Seguridad, Xulio Calviño. “Nosotros no tenemos ningún problema en que se pongan estos aparatos en el entorno de Príncipe, la propuesta debe cumplir los requisitos establecidos y los comerciantes son los encargado de sufragar los gastos. Ahora la pelota está en su tejado”, indicó el edil socialista.
Financiación
La financiación podría resultar un impedimento a la hora de instalar las cámaras, puesto que supondría un desembolso mínimo de 24.000 euros. En el improbable caso de que los minoristas retomasen la iniciativa, no tendrían fondos para costearla. “Habría que buscar ese dinero”, reconoce el gerente de Centro Príncipe.
Calviño, por su parte, anuncia la imposibilidad de que el Concello financiase la colocación de los dispositivos porque, de hacerlo, “estaríamos discriminando a otras zonas comerciales de Vigo”.
El responsable municipal considera que la decisión de colocar videocámaras en la vía pública tiene que partir de la asociación aunque recuerda que actualmente “una o dos unidades policiales están permanentemente en las calles peatonales de Príncipe y Urzáiz”. “Nos turnamos entre la Policía Local y la Nacional para que la seguridad esté garantizada en todo momento”, explica el concejal.
