CH. GARCÍA
No hay motivos en el auto del juzgado de Instrucción número 6 ni para imputar por prevaricación a la directora general de Calidad Ambiental ni para ordenar la paralización de las obras del muelle del Areal. Es la conclusión a la que llega el abogado del Estado en el recurso que presentó ayer por la mañana contra el fallo emitido el pasado día 7 sobre la ampliación en dicha zona portuaria. El escrito del letrado argumenta, por un lado, que no se ha cometido ningún tipo de delito penal por parte de la imputada; y, por otro, que la medida cautelar de parar la construcción es "desproporcionada" por los daños que causa al puerto y a la economía de Vigo y de su comarca.
El recurso intenta, desde el punto de vista legal, demostrar que no hay materia de delito penal en la actuación de la directora general, María Jesús Rodríguez, cuando en enero de 2009 informó de que la obra no necesitaba de estudio de impacto ambiental. La denuncia de la fiscal se basaba en ese argumento y la juez, al autorizar la apertura de diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación y ecológico, decretó la paralización de la construcción en el muelle.
El abogado parte de la base de que el delito ecológico, si lo hubiese, vendría derivado de la comisión de una prevaricación, por lo que aporta sus razones, amparadas en textos legales y en sentencias, para que no se impute a la funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente.
En primer lugar argumenta que no puede imputarse delito de prevaricación a la funcionaria porque, tal como adelantó FARO, no emitió una resolución sino que solamente hizo un informe –ya que debe entenderse su escrito como un acto de trámite y no definitivo de ejecución de una obra–, por lo que no se debería actuar por la vía penal sino por la contenciosa. En su argumentación, el letrado niega que hubiese arbitrariedad en aquel informe ni que tampoco se realizase con oposición al ordenamiento jurídico. "La legislación penal debe quedar para los supuestos más graves, los supuestos límites", advierte en el recurso, para añadir que éste no es el caso.
Además deja constancia de que no se puede alegar incumplimiento del decreto de 2008 sobre evaluación ambiental, porque la actuación de la directora general no encaja en ninguno de los supuestos que contempla. El abogado insiste en que el proyecto que se plantea para el Areal es mucho menor que el que se había aprobado en 2002 y que la superficie a rellenar –23.000 metros cuadrados porque el resto va sobre pilotes hasta los 49.200– es sensiblemente menor, y si el primero no necesito estudio, menos lo necesitaría el segundo.
En cuanto a la suspensión cautelar de las obras, el recurso habla de que su continuación no supondría ningún perjuicio, ya que en el caso de que esa medida se hiciese definitiva, siempre se podría proceder a la demolición de lo ejecutado.
Por todo ello solicita que levante la imputación a la directora general y, en consecuencia, se permita la continuación de las obras, ya que esta decisión sólo produce perjuicios al puerto y a la economía de todo el área viguesa. El letrado cree que el mantenimiento de la paralización supondría un proceso de declive económico en toda la zona de influencia, al perder competitividad con respecto a otras terminales.
El recurso del abogado del Estado se basa en cinco argumentos:
1 Nunca puede existir prevaricación en un informe no decisorio y, por tanto, tampoco delito ecológico.
2 El informe de Medio Ambiente de enero de 2009 estaba respaldado por Puertos del Estado, que afirmó que no se necesitaba evaluación ambiental.
3 La obra actual es considerablemente menor que la aprobada en 2002. Si ésta no necesitaba estudio, menos lo precisaría la de ahora.
4 La vía a seguir no sería la penal sino la contenciosa.
5 La suspensión de la obra es despropocionada y causa más perjuicio del que se trata de evitar.
PSOE y BNG culpan a Porro
Distintas visiones. PSOE y BNG critican a Porro, y UGT reclama que siga la obra.
PSOE Los socialistas, por medio de su secretario de Organización, Ángel Rivas, culparon a la presidenta del Puerto, Corina Porro, de la situación generada en el muelle del Areal. "Es responsable de haber iniciado deprisa y corriendo la ampliación sin ofrecer garantías previas necesarias para evitar posibles fallos judiciales como el que hay ahora", señala. "Además, cuando fue alcaldesa mantuvo el recurso que tenía parado el proyecto anterior, por lo que la responsabilidad en este caso es doble".
BNG. Por su parte, el teniente de alcalde, Santiago Domínguez, insistió en la necesidad de un Plan de Usos que ampare este tipo de obras y censuró que "parece que la presidencia del Puerto sólo sirve de trampolín político".
UGT. El Sindicato de Transportes de UGT solicitó, a última hora de ayer, que las autoridades judiciales levantasen cuanto antes la suspensión de las obras del muelle del Areal. Además, lamentó que "ahora se habla de consecuencias medioambientales de un proyecto, cuando existe sobre él una sentencia firme de los tribunales desde hace cuatro años que nunca fue recurrida ni cuestionada; debe reanudarse la obra cuanto antes".
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