Todos ellos coinciden en que las infraestructuras deben avanzar y adaptarse a las necesidades de la sociedad, pero son incapaces de evitar sentirse preocupados por las expropiaciones de sus viviendas, un trámite indispensable para que los grandes proyectos pendientes de ejecutar en Vigo se conviertan en realidad. Carmen Giráldez es una de las personas que tendrá que renunciar a su casa para que el nuevo hospital pueda llevarse a cabo. A sus 69 años, no se encuentra con fuerzas para afrontar la pérdida de su vivienda, ubicada en el Camiño de Campaceiras, en Beade. "El hospital tiene que hacerse, pero creo que es justo que me den una casa como la que tengo; yo no quiero dinero", afirma la que conocen por Mucha mientras lamenta el esfuerzo que le costó levantar el inmueble.

Aparte del hospital, son muchas otras infraestructuras las que ya están cobrando forma –algunas sólo en papel–, como la depuradora del Lagares, la llegada del AVE a la ciudad o la Cidade da Xustiza. Tras realizar un recorrido por la solitaria zona de Chouzo, el comentario generalizado entre el vecindario es que "esto va para rato; aquí todavía nada se sabe de forma oficial". Pero mientras los residentes del entorno de la calle Lalín continúan con sus vidas, el proyecto de la Cidade da Xustiza sigue adelante. Desbloqueado, el Concello ya ofrece a los afectados una treintena de apartamentos en el PAU de Navia para realojarse.

Luis Manuel Filgueira, que vive justo detrás de los juzgados, se muestra resignado. "Los juzgados tienen que ampliarse y lo más lógico es que crezcan en el lugar en el que están", afirma mientras sale de su casa para tirar la basura. Señala la vid que da sombra a la mesa de su jardín. "Es maravilloso leer el periódico debajo de la viña; en un piso no puedes hacerlo. Esto no hay quien lo pague: una casa en el casco urbano de la ciudad, con todos los servicios cerca y con la tranquilidad del campo", lamenta este residente del Camiño do Chouzo. "Pero el progreso es ley de vida", apunta.

La incertidumbre es un sentimiento presente en los expropiados consultados. Cada día están a la espera de que aparezca en sus buzones alguna notificación de lo que los medios de comunicación saben y que a ellos nadie les comunica. Ángeles vive en Matamá y su vivienda (en la fotografía) será derribada para poder llevar a cabo la futura Ronda de Vigo. "La cosa parece que está parada y no sé qué hacer en mi casa; si hacer obras o no... Estar en esta situación te condiciona y llevamos así siete años", expresa esta propietaria. Ángeles, a diferencia de afectados de otras infraestructuras que podrán ejecutarse gracias a la aprobación y el desarrollo del PXOM, discrepa del proyecto para la Ronda. "No es necesario que pase por aquí; se puede conectar el segundo cinturón con Matamá de otra manera. La comisión a la que pertenezco presentó una alternativa pero no fue aceptada", informa. "Mi casa tiene un valor sentimental muy grande y mi madre, que lleva aquí 30 años, no quiere marcharse por nada del mundo", finaliza.

Manolo Arca es otro vecino de Matamá afectado por la futura Ronda, que obligará al derribo de su casa en construcción –que mantiene paralizada desde hace tres años– y a la expropiación de una finca de mil metros cuadrados anexa a su vivienda actual, en Roupeiro. "Lo que más me preocupa es la situación en la que permanecerá la casa en la que vivo, que quedará totalmente asilada porque nos cortarán el servicio para la carretera de Pereiró a Castrelos", lamenta este vecino. "Hay otro trazado posible con un menor impacto social", propone.

¿Y las urbanizaciones?

Aparte de los grandes proyectos que verán la luz debido al desarrollo del Plan Xeral, en otros ámbitos que recoge el PXOM se levantarán urbanizaciones, como es el caso de la de Plaza España (cuatro torres y la transformación de toda la plaza), "La Artística" (en el entorno de Beiramar y donde se contemplan bloques de hasta doce plantas con 280 viviendas, el 35% de ellas protegidas) o el Barrio do Cura, en el Casco Vello, uno de los principales ámbitos a desarrollar en el centro y promovido por el ex futbolista Valery Karpin.

Concha tiene 78 años y lleva cuarenta viviendo en el barrio. "En el Barrio do Cura sólo quedamos cuatro o cinco vecinos", dice mientras asoma su cabeza por el pasamanos de la escalera. "No sabemos cómo está el proceso, pero hay edificios que Karpin todavía no compró. Los que adquirió sólo son los que están tapiados. Si venden y me dan dinero, nos iríamos encantadas", dice la hija de Concha. "Aquí está todo muerto, no hay nada", añade la joven mientras recuerda la imagen del barrio cuando ella era una niña.

La propietaria del estanco de Pi y Margall, también afectado por la construcción de la urbanización promovida por Karpin, asegura que su local "no ha sido comprado por nadie". "Estamos tranquilos porque no se han puesto en contacto con nosotros. No queremos irnos, pero en esta vida todo es negociable. Los inquilinos del barrio quieren marcharse porque viven en casas viejas, de madera y sin ascensor, en las que se escucha todo", concluye la dueña del estanco.