La Xunta critica que el Concello tarda 6 meses en remitirle las peticiones de ayudas sociales

A. MÉNDEZ La demora en la tramitación de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) es una realidad reconocida por las dos administraciones que la gestionan y motivada por una demanda creciente que este año se ha disparado un 20 por ciento. Los colectivos sociales piden explicaciones y, pese a que la Concejalía de Benestar ha reforzado el personal que procesa las ayudas a las familias con menos recursos, la delegación de la Xunta en Vigo hizo público esta semana que más de la mitad de los expedientes que les remite el Concello para darles el visto bueno "llegan con entre cinco y seis meses de retraso desde su presentación".
De las 952 personas sin ingresos que este año solicitaron las ayudas en el Registro municipal, el Gobierno autonómico sostiene que "entre 550 y 600 expedientes entraron en el Registro de la Xunta casi medio año después". Para demostrar el problema ponen como ejemplo el caso de un vigués que pidió la Risga el 12 de junio de este año y cuya documentación no entró en las oficinas de Areal hasta el pasado 27 de noviembre. Son las fechas que constan en los originales, una situación grave que los técnicos municipales aseguran que "se repite en muchos otros casos".
Son conscientes de que las críticas tanto del Obispado, como de Cruz Roja y Cáritas por los problemas que este retraso ocasiona en los afectados son una realidad, pero afirman hacer todo lo posible y cifran el tiempo medio de resolución de los procesos una vez que entran en la Xunta en "un mes o mes y medio como mucho".
A la Administración autonómica le compete únicamente comprobar la veracidad de la documentación y autorizar el pago de la Risga, mientras que los trámites municipales son más complejos. La solicitud se realiza en el Concello y son sus técnicos los que evalúan la situación de cada demandante y proponen una cuantía en función de sus ingresos, además de revisar su situación periódicamente. Esta mayor carga de trabajo es reconocida por el Gobierno autonómico, que no obstante pide más celeridad a la Concejalía de Benestar.
El mayor problema y el que según ambas partes explica los retrasos en los pagos es el incremento de la demanda ocasionado por la crisis. En los registros municipales constaba hasta noviembre la concesión de 762 rentas, frente a las 670 autorizadas en 2008. Los datos de la delegación de la Xunta son incluso superiores, con 952 expedientes de vecinos de Vigo entregados durante los primeros nueve meses del año, que contrastan con los apenas 68 que tramitan de ciudadanos con residencia en Pontevedra o los 105 de Redondela. Añaden eso sí que pese al aumento de casos en toda la provincia, "hay fondos suficientes para completar el año y atender a todos los demandantes".