La judicatura pide una reforma legal basada en criterios poblacionales y no de capitalidad

MARTA FONTÁN Una profunda reforma que permita que Vigo pueda ser “sede incuestionable” de los juzgados que merece por volumen de población y litigiosidad. Esto es por lo que abogan los jueces, abogados y procuradores vigueses, que califican de “decimonónica” la actual distribución de los partidos judiciales en la provincia pontevedresa y se muestran en total sintonía con las manifestaciones vertidas por el ministro de Justicia el pasado viernes en la ciudad olívica. Francisco Caamaño afirmó que en la actualidad ya no tiene sentido configurar la Justicia en base a las capitales de provincia, algo que la judicatura viguesa apoya, poniendo precisamente como ejemplo que el hecho de que Pontevedra sea la capital sitúa a Vigo en desventaja a la hora de conseguir órganos judiciales pese a que esta última ciudad cuadriplica en habitantes a la anterior y genera un número mucho mayor de pleitos.
Caamaño se refirió en una conferencia en el Centro Cultural Caixanova a la necesaria reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, un proyecto ambicioso y también difícil. Los magistrados, abogados y procuradores vigueses coinciden que es una tarea ardua y compleja, pero estiman que es necesaria e imprescindible y que debe llevarse a cabo para acabar con una estructura actual que muchos no dudan en calificar de “arcaica”. “En la Administración de Justicia no podemos seguir esclavizados por el concepto de provincia y capital”, afirma el decano del Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara. Y cita como ejemplo la provincia de Pontevedra. “En el año 1833, cuando se hizo la división provincial, Pontevedra y Vigo tenían ambas 5.000 habitantes. Hoy la primera tiene más de 70.000 y Vigo más de 300.000”, explica el letrado, que considera, por este motivo, que el caso de la ciudad olívica es de un “desajuste manifiesto” en la estructura actual demográfica de la Justicia.

Casos concretos

Esta “decimonónica” división ha causado grandes “trastornos” a Vigo, continúa Gándara. Y expone casos muy concretos, como los problemas que tuvo la ciudad y lo que fue necesario pelear para conseguir el juzgado Mercantil que comenzará a funcionar el próximo 30 de diciembre o las dos secciones de la Audiencia Provincial de Pontevedra. “Por ejemplo, para crear un Mercantil las leyes dicen que habrá uno en cada capital de provincia; y ya después se verá si otras ciudades por dimensión y otros parámetros pueden tener alguna de esas plazas; y el caso de Vigo se encuentra en este último supuesto, por no ser capital, lo que no tiene sentido”, razona.
Las opiniones del juez decano vigués Germán Serrano en relación con esta problemática coinciden casi en su totalidad con las del máximo representante de los abogados vigueses. “La modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial es muy necesaria; el Gobierno creó una comisión que estudia esta revisión legal y me parece muy acertado”, afirma el magistrado que, igual que Gándara –este último en calidad de presentador–, acudió a la conferencia que impartió el ministro en Vigo. Serrano califica este proyecto como un plan muy ambicioso en el que los resultados no se verán ahora, sino “a largo plazo”, ya que implica muchas reformas. “A la Administración de Justicia, en todos los aspectos, hay que darle la vuelta como a un calcetín y Vigo, por su idiosincrasia, tiene que estar en esa revolución para salir beneficiada”, señala el juez decano, que explica que una revisión de la demarcación judicial permitiría que la ciudad “tenga más órganos colegiados” por ser la primera de Galicia. Y si Gándara citaba los desajustes que la actual división territorial provoca en el binomio Vigo-Pontevedra, Germán Serrano agrega otros ejemplos, como los de Gijón-Oviedo o Cádiz-Jérez.
Ambos juristas coinciden también en la necesidad de que la reforma permita centralizar los partidos judiciales: “Hay demasiados”. La misma idea tiene el decano del Colegio de Procuradores de Vigo, Jesús González Puelles, que estima que la existencia de “tantos” partidos genera “disfunciones” y que es necesario establecer “grandes áreas” teniendo en cuenta la población y la realidad social y económica.