Hoteleros cifran en 50.000 las camas ilegales del área de Vigo y piden control del intrusismo

E. OCAMPO Cuando los turistas son habas contadas, los hoteleros afilan sus garras contra el intrusismo en el sector. Casas particulares y alquileres sin declarar con los que podían hacer la vista gorda en épocas doradas de visitantes, son ahora el centro de sus críticas. Según la estimación del presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de Pontevedra (ASEHOSPO), José Manuel Barbosa, que cifra en 50.000 el número de camas que ofrecen particulares de forma “totalmente ilegal”, en el área de Vigo, llegando hasta Baiona y Sanxenxo. De ellas, “unas 30.000”, asegura, están en la ciudad. Sin embargo, el número de habitaciones en establecimientos legales son 8.500.
Los datos proceden de una estimación (no de estudios oficiales) realizada por la asociación, en base a estudios del padrón municipal, la población “flotante”, el número de trabajadores que se desplazan a Vigo y el de universitarios.

Estudiantes y obreros

Preocupados por la “proliferación” de esta oferta ilegal de habitaciones, los hoteleros de esta Asociación ya han pedido a la Xunta un control más riguroso. Temen que “se dispare todavía más el número de camas ilegales en las Rías Baixas”, con motivo del Xacobeo, aunque las Navidades no suponen –sostienen– una amenaza para esta clase de economía sumergida.
Pero no sólo incluyen a los turistas como usuarios de habitaciones ilegales, sino que universitarios, trabajadores de la construcción e inmigrantes son a veces usuarios forzosos de viviendas en alquiler por habitaciones que no reúnen las garantías legales. En algunas de ellas, con más de siete habitaciones, pueden trabajar personas también de forma irregular, añade Barbosa.
Los hoteleros coincidieron en esa preocupación en la última junta directiva de ASEHOSPO: “Ese hecho [el aumento de camas ilegales] sería un nuevo varapalo para nuestro sector, en circunstancias económicas tan difíciles como la que nos encontramos, y pondría en grave riesgo el mantenimiento de muchos establecimientos y de centenares de puestos de trabajo”, explica Barbosa.
Ya se han dirigido a la Consellería de Turismo para trasladarle esta inquietud. Una de las cuestiones que reivindican es que la nueva legislación permita inspeccionar una vivienda denunciada por turismo ilegal; que hasta hoy no es posible sin autorización judicial.
Entre los más afectados por el intrusismo se encuentran los establecimientos de turismo rural. La razón no es otra que son “numerosas” las personas que alquilan habitaciones en sus propias viviendas, con el consiguiente descenso de la ocupación en las casas que cumplen todos los requisitos que demanda la Ley de Disciplina Turística y que afrontan con sus obligaciones tributarias.